Madrid. Esto va en cadena. A nosotros nos tutelan, pues nosotros os tutelamos a vosotros. Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicaba el alcance de los recortes que Bruselas y Berlín han impuesto a España para reducir el déficit y garantizar el cobro de la deuda de aquí a 2014, bajo la tutela de la ‘troika’ de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y hoy, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, les va a decir a los responsables de Finanzas de las Comunidades Autónomas que sí, que habrá ‘hispabonos’, o como quiera que finalmente los llamen, para facilitar un nuevo mecanismo de financiación que garantice el pago de los más de 15.000 millones de vencimientos de deuda a reembolsar durante los próximos cinco meses. Pero, claro, todo bajo un estricto control y con mayores exigencias.
Supondrán un verdadero salvavidas para la mayoría de los Ejecutivos regionales, que podrán emitir con garantías en unos mercados que siguen cerrados a cal y canto. Pero, claro, hablamos de unos instrumentos financieros que, para dar liquidez a las autonomías con el aval del Estado, saldrán a tipos bastante más bajos de los que se cruzan diariamente en el mercado secundario de deuda.
Pero habrá que ver cómo se sustancia finalmente el tema, ya que no es lo mismo el ‘rating’ de comunidades como el País Vasco o Navarra que el ‘bono basura’ en el que se encuentran Catañuña o Valencia. Pequeño matiz que pondrá sobre la mesa las divergencias si, como está previsto, el Estado hace una emisión conjunta de deuda, sin distinción alguna entre comunidades, lo que llevaría a abaratar la deuda de las más saneadas.
Y también las condiciones que se imponen sobre los presupuestos de aquellas autonomías que se acojan a este mecanismo voluntario de financiación. “No se trata de dar órdenes, sino de decir: vamos a tirar todos del carro”, comentaba ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno. Condiciones que, en cualquier caso, y a pesar de las presiones de comunidades como Cataluña o Andalucía, mantendrá la necesidad de limitar el déficit de 1,5% del PIB fijado para el 2012.
También habrá que ver hasta dónde aprieta el Ejecutivo central en esa anhelada reordenación y racionalización del sector público autonómico, de cara a reducir y eliminar un buen número de empresas públicas.