Madrid. En este berenjenal en el que anda metida Europa, con Grecia con medio pie fuera del euro tras la incapacidad de sus dirigentes para conseguir formar gobierno y abocada a unas nuevas elecciones generales, todos los ojos están puestos en España.
Con dudas más que razonables de que la segunda reforma del sistema financiero vaya a servir para algo. De hecho, todo apunta a que, en pleno éxodo vacacional, a finales de julio, se ponga sobre la mesa una tercera para, de una vez por todas, saber cuáles son las pérdidas reales de los activos tóxicos inmobiliarios existentes en los balances.
Auditoría que, en teoría, debería ser la definitiva, a la vista de la cantidad de empresas e instituciones que van a participar de alguna u otra manera. Las propias entidades auditadas, el Ministerio español de Economía, las dos empresas independientes anunciadas, además del Banco de España y también del Banco Central Europeo, el último en añadirse a la lista.
Una certidumbre que se pone en entredicho a la vista de los cálculos realizados por las entidades en relación a las provisiones resultantes del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. En teoría, no deberían tener mayores complicaciones. Se cogen los datos, a 31 de diciembre de 2011, del crédito vivo con finalidad inmobiliaria. Se separan los préstamos según las garantías que los soportan (suelo, promociones terminadas o en curso) o con otro tipo de garantías, y se aplican los porcentajes de coberturas fijados.
Pues bien, las cuentas no salen por ningún lado. Unos, las dejan en bruto. Otros en neto. Y, al final, entre lo que había calculado el Gobierno y lo que han comunicado las entidades existe una diferencia de 10.000 millones entre la cantidad prevista por el Ejecutivo (más de 30.000 millones) y la ofrecida por los bancos. Y luego llega Bankia y deja entrever, un día después de decir a los mercados que sus provisiones se elevan a 4.722 millones, que, a la vista de la nueva reformulación de las cuentas que va a hacer el nuevo equipo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, puede que ese dato varíe.
Y luego dicen que los mercados no hacen otra cosa que buscar las cosquillas a España, y que solo buscan beneficios a costa de lo que sea. Bueno, ese es en parte el objetivo del arriesgado juego de comprar y vender. Pero, la verdad es que las dudas que generan todos los datos que salen desde aquí no deberían sorprender a nadie.
Y ahora ¿qué? No queda otra que esperar dos meses a ver qué pasa con esas nuevas valoraciones de los activos y, mientras tanto, confiar en que, de una vez por todas, el Banco Central Europeo (BCE) aporte nuevos fondos para aumentar la liquidez. Si no lo hace en la cuantía suficiente, los inversores darán por hecho que, más pronto que tarde, se activarán los mecanismos de rescate para ayudar a las entidades financieras españolas.
De momento, esos especuladores que en medio mundo están invirtiendo a que España será rescatada, siguen a lo suyo en el mercado de derivados. Nunca España había tenido que pagar tanto para asegurar su deuda a cinco años. Los temidos ‘credit default swaps’ (CDS), los seguros para cubrirse ante un potencial impago, ya cotizan, apoyados en esos casi 490 puntos en los que está la prima de riesgo, en los 544 puntos básicos. Esto supone que el coste de asegurar 10 millones de euros de deuda española a cinco años se encarece hasta los 544.000 euros. Hace dos meses no superaba los 400.000. Calculen ustedes los beneficios que se pueden llegar a obtener.
