La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha informado al Consejo de Gobierno de la «grave situación» en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía, por una «inexplicable complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una injustificada invasión de las competencias locales en la toma de decisiones».
A la vista de esa situación, «se hace necesario un inmediato cambio de rumbo que, sin merma de las garantías ambientales, establezca un marco ordenado y ágil, donde se pueda desenvolver con garantía jurídica la actividad urbanística en la comunidad», ha explicado la consejera.
Carazo ha lamentado que «la nefasta gestión urbanística de los anteriores gobiernos haya hecho que tres de cada cuatro municipios andaluces no dispongan de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) después de 16 años».
En concreto, ha explicado que 607 municipios de los 786 existentes (un 77%) no se ha adaptado a la LOUA. De ellos, el 82% se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 están «atascados en la farragosa tramitación que este nuevo Gobierno está aclarando, simplificando y agilizando».
La consejera también ha destacado de la radiografía urbanística de la comunidad que, de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños y seis, de Huelva.
Además, ha subrayado que la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental ha sido la principal causa, «aunque no la única», del retraso de la tramitación los planes generales.
Mientras que en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años.
«Si contamos también los tiempos de tramitación de los avances, entonces el tiempo total de tramitación supera ampliamente los 10 años, lo que es inadmisible», ha añadido tras poner de ejemplo el municipio de Jimera de Líbar (Málaga), cuyo PGOU se ha aprobado este año tras 12 años de espera.
Otro problema que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa, lo que afecta a 111 municipios de manera parcial o total.
De ellos, hay 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuyo planeamiento aprobado carece de vigencia. Al respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.
