Los edificios 7, 9 y 11 de la calle de Lancaster pasarán a formar parte del parque de vivienda pública del Ayuntamiento de Barcelona y se alquilarán a precio asequible, en función de los ingresos de las personas residentes.
La adquisición de los 41 viviendas es una medida excepcional con la que se pretende evitar la expulsión vecinal de una zona con gran demanda habitacional y sometida a una fuerte presión inmobiliaria.
El vecindario de la calle de Lancaster, en el distrito de Ciutat Vella, alertó de su situación hace tiempo. Tenían miedo de sufrir el mismo destino que sus vecinos del número 13, que se tuvieron que marchar cuando el edificio fue comprado por un fondo de inversión.
Los tres inmuebles están deteriorados y requieren de un mantenimiento desde hace años. Los inquilinos tienen contratos fraudulentos y eso pone en peligro su continuidad en las viviendas en caso de que la finca continúe en manos privadas.
Las negociaciones con la propiedad se iniciaron hace meses y se reforzaron con la aprobación de una proposición en la Comisión de Derechos Sociales, que incluía la compra del número 13, que finalmente no ha sido posible.
La compra de los tres edificios se ha acordado por unos 5,5 millones de euros y pasarán a formar parte del parque de vivienda pública de alquiler de Barcelona, gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.
Las familias que viven allí no serán expulsadas y podrán seguir pagando un alquiler a precio asequible, en función de sus ingresos, y siempre que cumplan con los requisitos necesarios para acceder a una vivienda pública. Una vez formalizada la compra, empezará la fase de diagnosis por parte de los servicios municipales de cada uno de los casos.
La adquisición es una medida excepcional, que en este caso se ha tomado por tres motivos: las fincas están en una zona de gran demanda residencial y con una presión especulativa intensa, los edificios han sufrido procesos de conservación coercitivos y sancionadores y, además, se encuentran en una zona en la que hace más de trece años que está pendiente la ejecución de un plan especial urbanístico.
Incluida en el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2015, esta política de adquisición de fincas combinada con la constitución de derechos reales para incrementar el parque destinado al mercado de alquiler asequible, tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda a la ciudadanía.
