El polémico campo de golf de Chamberí que, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, inauguró Esperanza Aguirre hace ocho años, puede que tenga los días contados si prospera la propuesta que, apoyada por todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid menos el PP, de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a transformar las instalaciones del campo de golf en un parque público para el distrito.
Hace tres años, el Tribunal Supremo ya sentenció la ilegalidad de la instalación deportiva por no cumplir con los requisitos administrativos exigidos para justificar su condición de interés general, la fórmula que la Comunidad de Madrid, presidida por Aguirre, ideó para salvar el proyecto cuando el Ayuntamiento -entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón- le denegó la licencia al no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos. Pero la sentencia no se cumplió.
Desde el principio del proyecto, la instalación fue criticada por la mayoría de los vecinos que esperaban que, donde estaba el parque Santander, se construyera un remozado parque público. Pero el Gobierno regional hizo caso omiso, y en marzo de 2003 obtuvo la primera licencia de obras para un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. A los lados, unas torres metálicas de 30 metros de altura se suceden sujetando unas redes que evitan que las pelotas de golf salgan de la infraestructura.
Cinco meses antes de la inauguración, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó la suspensión inmediata de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una nueva licencia que ampare unas obras ilegales. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable de la solicitud de modificación de licencia.
Y el Colegio de Arquitectos fue más allá y consideró inadmisible el campo de golf en una zona necesitada de espacios verdes y al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público.
Ante las presiones, el Gobierno de Aguirre declaró de interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, así como las zonas verdes e instalaciones deportivas en su superficie, pensando que así resolvía el entuerto. A la vista está que se equivocó.