No va a resultar nada fácil al nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por Ximo Puig, cambiar, de la noche a la mañana, la mentalidad, no solo de los promotores inmobiliarios, sino del conjunto mayoritario de la sociedad, que vivió durante la época del boom inmobiliario a todo tren por los pingües beneficios obtenidos.
Desde los propietarios del suelo a los trabajadores de la construcción, todos, literalmente se forraron, aunque muchos acabaran siendo, al estallar la burbuja, los principales damnificados, con un reguero interminable de embargos y desahucios.
Pues bien, ahora, el nuevo Ejecutivo valenciano quiere acabar con todo aquel modelo de crecimiento urbanístico expansivo para ir hacia un esquema de actuación más racional. El que, a pesar de la que ha caído, no acaba de ser bien visto por amplias capas de la sociedad, que ven cómo esa recuperación del mercado inmobiliario podría volver a retomar aquellos años de locura -aunque fuera de manera atenuada-, pero que, con los nuevos parámetros por los que quiere transitar el nuevo Gobierno, será casi imposible hacerlo.
No obstante, también son muchos los que en Valencia piensan que ya era hora de cambiar el tiro en esta materia. Y para armarse de razones, ahí están las líneas maestras que acaba de exponer en el Parlamento la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
Derecho a la vivienda, rehabilitación como modelo de crecimiento, ordenar el territorio para poner en valor la huerta y el litoral -zonas que, en muchos planes municipales siguen estando amenazadas-, son los ejes básicos de actuación para acometer hasta 2019 un cambio drástico.
Entre las primeras medidas tomadas en materia de vivienda, se encuentra una que necesitaba hacerlo con urgencia, la derivada de los 130 millones de euros que se adeudan a más de 50.000 familias por la compra de pisos protegidos durante los últimos años.
Poner en primer plano la política social de vivienda es otro de los grandes retos, y cuyo trabajo va a resultar ingente. Primero, poniendo en valor esas 700 viviendas públicas que están en unas condiciones muy deficientes de conservación, y cuya rehabilitación supondrá contar con una bolsa numerosa para atender las cada vez más altas necesidades sociales de muchas familias. Esa rehabilitación que se sitúa como punto central para revitalizar el sistema productivo y económico, de cara a que los promotores tengan una segunda oportunidad.
