Se atisba una salida para los 26.000 metros cuadrados que ocupa la antigua fábrica de Altadis en una de las mejores zonas de Sevilla, a orillas del río Guadalquivir, en el barrio de Los Remedios. Diez años después de su cierre, el Ayuntamiento de la capital hispalense, con Juan Ignacio Zoido al frente, y Altadis, han firmado un convenio que pretende el reparto de los suelos de manera que los que se quede el consistorio acojan equipamiento públicos y los que queden en manos de Altadis puedan ser desarrollados para usos terciarios.
La propuesta rompe, de alguna manera, el statu quo existente desde que, en julio de 2003, los cuatro grupos políticos que entonces tenían representación en el pleno municipal de Sevilla aprobaron una moción para no permitir ninguna operación especulativa sobre estos terrenos.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, aprobado en 2006, mantuvo la parcela como suelo industrial singular para impedir que Altadis pudiera venderla para otros usos, pero los distintos gobiernos municipales nunca han cerrado la puerta a un cambio si la multinacional presentaba un proyecto de interés.
Los planes del Ayuntamiento requieren que la Junta de Andalucía dé el visto bueno a la modificación del PGOU. Para ello, una de las bazas pasa por el hecho de que Sevilla consigue nuevos suelos sin contraprestación alguna, ni económica ni parcelaria.
Los únicos recelos que el Gobierno regional ve a la operación radican en la edificabilidad que se dé a las parcelas que queden en manos de Altadis. Con el protocolo firmado, el Ayuntamiento se quedaría los suelos más próximos a la Plaza de Cuba, la ubicada a la izquierda según se entra en el recinto, donde el gobierno municipal planea un centro de mayores, una guardería, una comisaría y un museo. Mientras que Altadis lograría 31.000 metros cuadrados de edificabilidad en el que podrían instalarse restaurantes, comercios, hoteles y un aparcamiento subterráneo de 500 plazas.
Como ya ocurriera con el polémico rascacielos de Cajasol, está por ver, caso de que el proyecto salga adelante, cómo se hace el reparto de esa edificabilidad para ver si, como algunos se temen, puedan levantarse dos edificios de siete y ocho plantas a orillas del Guadalquivir, con el lógico impacto visual que podrían tener sobre el río.
Uno de estos edificios, además, se ubicaría en una zona verde municipal, unos jardines junto a la glorieta de Las Cigarreras que el protocolo firmado entre Altadis y el alcalde deja en manos de la empresa.
La modificación del PGOU necesaria para recalificar los suelos casi con toda seguridad no estará lista para las elecciones municipales de mayo de 2015, por lo que Zoido, que al llegar a la alcaldía hace tres años aspiraba a cerrar el acuerdo con Altadis en unas semanas, podrá, en el mejor de los casos, presentar en el balance de su mandato un plano pactado con el Gobierno andaluz.
