Juan Miguel Villar Mir, el presidente del Grupo OHL, tendrá que esperar a entrar con sus obreros en la ‘manzana de Canalejas’, y empezar a poner en valor los 200 millones de euros pagados a su amigo Emilio Botín por el conjunto de sedes históricas que, a tiro de piedra de la madrileña Puerta del Sol, el Grupo Santander fue acumulando a lo largo de las sucesivas fusiones bancarias acometidas.
Se venía barajando la posibilidad de que este mismo mes de mayo, en la sesión plenaria del próximo lunes, se procediera a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la Creación del ámbito del Área de Planeamiento Especifico 01.11 denominado “Sevilla-Canalejas”, antes de que la Comunidad de Madrid diera luz verde a la reconversión de los inmuebles vacíos en un gran complejo comercial, con el primer hotel de la cadena Four Seasons en España y apartamentos de lujo, pero habrá que esperar.
Antes, los responsables municipales de Urbanismo tendrán que pasar por el trago de aclarar algunas cuestiones y responder a las alegaciones planteadas a la operación desde la oposición. Hoy mismo, en la Comisión de Urbanismo y Vivienda, el concejal de UPyD Luis Mariano Palacios, quiere conocer “cuáles son las implicaciones y justificaciones urbanísticas que avalarían la modificación de aspectos tales como el aumento de edificabilidad, alturas, ocupación, modificación de usos, etc. y la descatalogación de edificios protegidos” de los edificios situados en la denominada Manzana de Canalejas.
Y, en el mismo sentido, en Izquierda Unida esperan la contestación a la alegación presentada el pasado 15 de abril. Alegación que advierte del presunto vicio de nulidad al formular la iniciativa una entidad privada, y no una Administración Pública como establece el artículo 56.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Tampoco está de acuerdo IU en que la misma Comisión Local de Patrimonio que, en 2007, distinguía diferentes valores a preservar según cada edificio en particular, proponga hoy para todos los inmuebles el Nivel 3 de protección en su grado Parcial, por considerar “que es el que corresponde de acuerdo con la consideración de sus fachadas y algún elemento interior”.
Sobre la agregación de parcelas para conseguir un conjunto homogéneo como el que se formula en la propuesta, hay que significar, entiende el Grupo de Izquierda Unida, que el Plan General impide la agregación o segregación de parcelas que contengan edificios con cualquier grado de protección. Y, en este caso, la propuesta considera una sola parcela el conjunto de Canalejas, lo que implica un incumplimiento de la normativa vigente, y otro motivo más de vicio de nulidad de la actuación que se propone.
“Somos conscientes de que diferentes informes técnicos de esta propuesta aluden a la necesidad de modificar el planeamiento general, para poder dar cobertura legal a la propuesta de actuación única de las seis parcelas que componen el ámbito, pero ello no elimina los vicios de nulidad a los que nos referimos”, recoge la alegación.
En cuanto a la construcción de un nuevo intercambiador de transporte, se recoge la necesidad de que se analice su sostenibilidad urbanística y económica, y que, por tanto, se determine la cantidad que deba ser presupuestada y programada por las Administraciones Públicas, de acuerdo con el anteproyecto técnico que se redacte al efecto. Ya que, a juicio de IU, esta actuación carece de un criterio definido sobre las cargas que debe soportar el promotor y cuáles de ellas se deben a la intervención pública.
Como remate a su alegación, Izquierda Unida concluye que “de toda la actuación se desprende un modo de hacer en el que van por delante los intereses privados sobre los programas determinados de planeamiento general, que son el fruto de un interés no menos general y que requerirán o no de su revisión, pero en ningún caso pueden ser borrados de un plumazo, aprobando planes que hace tan solo 6 años pretendían objetivos completamente diferentes. Elevar a 40 metros la altura de los edificios nuevos, sobre otros antes catalogados y en los que solamente se conserva la fachada; proceder al vaciado completo de sus tripas; profundizar hasta dieciocho metros el subsuelo y suprimir dos monumentos declarados Bienes de Interés Cultural hasta hace un par de días, no es otra cosa que un atentado a la historia viva de la ciudad de Madrid”.
