Santander. El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha dicho que su departamento tiene la idea de presentar un calendario con un plan de trabajo para afrontar la cuestión de los derribos de forma consensuada con todas las partes implicadas. Así se lo ha comunicado al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada, durante la reunión mantenida entre ambos.
Para el consejero “es obvio que la ejecución de las sentencias requiere un plan, porque la dimensión económica y los problemas sociales que plantean no permiten una ejecución inmediata, habrá que llevar a cabo a lo largo del tiempo una serie de actuaciones dirigidas a la ejecución final de la sentencia”. En este sentido, Fernández ha matizado que esto es lo que le han planteado al presidente de la Sala porque es ella, en último término, la que tiene que aprobar el cómo debe llevarse a cabo la ejecución.
“Nosotros lo que somos es colaboradores leales con la Sala de lo Contencioso para poder ejecutar las sentencias y con ello dar solución al problema, siempre con absoluto respeto, desde el ordenamiento, a la totalidad de las normas que resulten de la aplicación”, ha aclarado.
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el TSJC contra la Ley del Suelo de Cantabria, el consejero considera que esto no dificultará el consenso puesto que “son caminos paralelos y distintos”. Así, ha dicho que si la Sala considera conveniente y necesario plantear un recurso de inconstitucionalidad esto no significa que la Ley no debe aplicarse.
“La Ley va a seguir aplicándose hasta que resuelva el Tribunal Constitucional, nosotros no vamos a utilizar esta demora para aparcar la cuestión. Justamente los contrario, vamos a utilizar este tiempo para seguir aplicando la legislación vigente e intentar resolver en ese tiempo para que, cuando el TC resuelva, todos los problemas estén mayoritariamente resueltos”, ha aseverado Fernández.
El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio ha señalado que la intención de la Consejería es utilizar los meses de julio, agosto y principios de septiembre para preparar un documento de trabajo que le permita conocer de forma más concreta cuál es el plan que tenemos para abordar la situación. “En septiembre lo que haremos será poner en conocimiento de la Sala ese documento ya que es la Sala la que tiene que tomar las decisiones al respecto», ha dicho Fernández. «Si nuestra forma de enfocar la cuestión la Sala la considera inadecuada nosotros tenemos que someternos a los criterios de la Sala, que es quién tiene las competencia para ejecutar las sentencias”, ha aclarado.
Javier Fernández no ha querido poner una cifra al coste total de las indemnizaciones ya que “las valoraciones se irán haciendo caso a caso, teniendo en cuenta las distintas reclamaciones”. “Serán los estudios técnicos los que concreten esa cifra”, ha señalado. En este sentido, ha dicho que una de las cuestiones que tienen que abordar en ese plan es la financiación “ya que tiene una dimensión económica tan importante que requiere un calendario que dé solución, a lo largo de varios años, tanto al tema económico como financiero”.
Otro de los temas que se han tratado durante la reunión mantenida esta mañana entre el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, y el presidente del la Sala de lo Contencioso del TSJC, Rafael Losada, ha sido la necesidad de agilizar los planeamientos urbanísticos de todos los ayuntamientos.
En este sentido Fernández ha recalcado que es otro de los objetivos de esta Legislatura. “Entendemos que es pura necesidad que los ayuntamientos cuenten con unos instrumentos de planeamiento actualizados, reales y vigentes para que puedan servir como fenómeno de dinamización de la vida económica y social de los ayuntamientos”, ha dicho.
El titular de Medio Ambiente se ha mostrado convencido que, “al menos en alguno de los casos, como en el de La Arena, del ayuntamiento de Arnuero, en buena medida una solución inteligente, práctica y, que además se va a poder llegar al acuerdo entre todas las partes, es a través de la aprobación del nuevo PGOU, que busque una solución a las cuestiones del ayuntamiento en general, y a las de La Arena en particular”.
