SEvilla. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha mantenido un encuentro de trabajo con el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y otros representantes de la Fiscalía, a quienes ha trasladado los objetivos y alcance del decreto para la regularización de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable que anunció el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.
En representación de la Consejería también han estado presentes en la reunión la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, y la directora general de Inspección Urbanística, Rosa Urioste; por parte de la Fiscalía también han acudido la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra; el fiscal delegado de Medio Ambiente, delitos contra la Ordenación del territorio y Patrimonio, de Sevilla, Javier Rufino; y la coordinadora del área de Medio Ambiente de la Fiscalía en Córdoba, Consuelo Fidalgo.
La nueva normativa inició la pasada semana su tramitación y se encuentra en fase de audiencia, período que tiene previsto su conclusión a finales del presente mes de julio. Durante esta fase, administraciones, instituciones y entidades están teniendo la oportunidad de realizar sus aportaciones al documento. La tramitación del decreto implica también recabar los informes preceptivos de varios organismos, entre ellos el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Consumidores y Usuarios.
El decreto, que podría aprobarse a finales de año, tendrá un amplio alcance puesto que nace con la voluntad de solucionar problemas generados en el pasado, siempre dentro del marco urbanístico vigente y sin que se trate de una amnistía general. Las construcciones en suelo no urbanizable es un fenómeno complejo, con situaciones jurídicas y físicas muy diferentes, y la Junta de Andalucía se mantendrá vigilante para que no se repita en el futuro.
El documento tipifica las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones en suelo no urbanizable en función de su ubicación (aisladas, en asentamientos o conformando hábitat rural diseminado), su adecuación al ordenamiento urbanístico territorial y su situación jurídica (con o sin autorización administrativa).
Su objetivo es clarificar la situación jurídica de cada edificación, mejorar las condiciones de habitabilidad de las construcciones y establecer el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones aisladas. Además, facilita la incorporación de los asentamientos urbanísticos a los planes generales y establece con mayor precisión el régimen urbanístico del hábitat rural diseminado, con el fin de favorecer su utilización como instrumento para la regularización.