Valencia. “Por fin el máximo tribunal europeo ha dado la razón al Gobierno Valenciano y ha puesto de manifiesto que el urbanismo valenciano se ajusta a derecho y cumple escrupulosamente con la legislación vigente”, comentaba el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, tras conocer la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que desestima el recurso de la Comisión Europea y la Eurocámara contra la legislación urbanística valenciana y obliga a la Comisión Europea al pago de las costas.
El vicepresidente tercero del Consell ha subrayado que la “persecución que ha sufrido el urbanismo valenciano y el conjunto de la Comunitat, de la que es directamente responsable el PSPV-PSOE, ha podido apreciarse en cientos de titulares de la prensa nacional y extranjera, lo que ha provocado un grave deterioro de la imagen de la Comunitat Valenciana en el exterior y, en consecuencia, una pérdida de inversiones y puestos de trabajo que han dejado de generarse”.
“Incluso la campaña de acoso y derribo ha puesto en juego el acceso a los fondos europeos de la Comunitat y de España”, ha añadido Cotino.
Cotino ha añadido que basta una visita a la hemeroteca para conocer a los responsables de estos siete años de acoso y derribo contra el urbanismo valenciano y el Consell. El conseller ha citado las “críticas inadmisibles a nuestro urbanismo” vertidas por el actual concejal del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y el eurodiputado del PSOE Andrés Perelló y otros líderes políticos de Compromís y Esquerra Unida que se han sumado a la campaña contra la Comunitat.
Cotino ha subrayado asimismo que si se hubiese hecho caso a las acusaciones demagógicas de la oposición “hoy no hubiéramos podido visitar un ejemplo de urbanismo social y sostenible como Sociópolis, un verdadero ejemplo de arquitectura de calidad que la Comunitat Valenciana está exportando a Europa y América y que constituye todo un símbolo de vanguardia e innovación”.
Juan Cotino ha subrayado, además, que se ha producido en estos siete años una judicialización de la vida política valenciana al más alto nivel. Incluso se montaban visitas para eurodiputados que no sabían ni donde estaba la Comunitat Valenciana y que llegaban como si fueran la Inquisición a perseguir a nuestra Comunitat. “Todo ello, ha insistido Cotino, ha supuesto una pérdida irreparable de puestos de trabajo e inversiones en la Comunitat”.
“En estos 7 años se ha creado un periodo de inseguridad jurídica para los inversores que ha provocado una falta de confianza en nuestro territorio. Pero a partir de hoy, todo el mundo puede tener claro que la Comunitat Valenciana es un tierra donde existe seguridad jurídica, en la que se puede confiar y donde se puede invertir, generar empleo y actividad económica”, ha señalado Cotino.
El conseller de Medio Ambiente también ha recordado el trabajo de los consellers García Antón, Blasco y González Pons, “que a pesar de hacer las cosas de acuerdo con la ley y buscando el bien común, se enfrentaron a una intolerable campaña de desprestigio, impulsada por un partido, el PSPV-PSOE, que intenta sacar rédito de la justicia y judicializar la vida política cuando las urnas les niegan el acceso a responsabilidades de Gobierno”.
Cabe recordar que en noviembre de 2004 comienzan las primeras críticas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que en marzo de 2005 la Comisión Europea lleva al TUE iniciando el procedimiento de infracción. En junio de 2007 la CE decide demandar al Reino de España por el incumplimiento de la normativa en materia de contratos públicos, única vía que la CE admitió a trámite tras rechazar las denuncias contra la ubicación geográfica de los proyectos, su impacto sobre el medio ambiente, las indemnizaciones por la expropiación de terrenos, entre otros temas.
Además, en julio de 2008 se inició el contencioso y en septiembre de 2010 se publicó las conclusiones del Abogado General del TUE, que ya daba la razón a la Comunitat Valenciana y hoy se ha conocido la sentencia definitiva, contra la que no cabe recurso.
