Murcia. Los promotores inmobiliarios recuerdan que Murcia no tiene un modelo económico de desarrollo sostenible de referencia que seguir y advierten que en el sector inmobiliario no se trata de construir más ni construirlo todo, sino de ir hacia un modelo “menos contaminante y, más eficiente en el consumo de suelo, en la concepción de nuevos productos y modelos inmobiliarios, como ocurre en el resto de sectores económicos”, según se recoge en el informe ‘En busca de un modelo sostenible para nuestra Región’.
Un modelo, se subraya en el documento, que “tendremos que ir construyéndolo poco a poco con determinación, perseverancia y la participación de toda la sociedad y las fuerzas políticas”. Una acción conjunta que evite que el producto marginal del capital disminuya a medida que la inversión crece. Los promotores murcianos piensan también que hay que pensar en un modelo que “nos permita continuar con el crecimiento del turismo residencial a nivel internacional, sin comprometer los recursos naturales de costa y de suelo pocos explotados que tenemos en nuestra Región”.
Al tiempo que consideran necesario una mayor transparencia en las tramitaciones de los instrumentos urbanísticos, proponiendo que todos los datos no personales consten en una web dependiente de la Comunidad Autónoma abierta a todos los ciudadanos. En este sentido, subrayan que la corrupción se debe combatir y asumir las responsabilidades que la Justicia disponga.
A su juicio, los factores materiales que hacen posible la especulación de suelo son que existen pocas reservas de suelo disponibles para construir y la recalificación de suelo rústico en un ámbito de actuación aislado vía convenio, con impulsores de proyecto que una vez recalificados acto seguido vendan sin crear ningún valor adicional que la mera recalificación. Por ello, proponen que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) contengan suelo clasificado y disponible para construir suficiente y atender cualquier repunte de la demanda, como mínimo por un volumen técnico nunca inferior al 20 por ciento del suelo urbano consolidado.
También estiman necesario que los convenios prevean que el 40% o 60% de la plusvalía de esa venta pase directamente al Ayuntamiento que ha recalificado el suelo, de tal forma que las plusvalías reviertan en el municipio, haciendo la operación poco atractiva desde una perspectiva meramente especulativa.
Además, creen que hay que ir hacia una mayor transparencia en las tramitaciones de los instrumentos urbanísticos, que todos los datos no personales de los instrumentos de planeamiento de la Región consten en una web dependiente de la Comunidad Autónoma, con independencia del municipio al que pertenezca, a la que tenga acceso el todo el público con las prevenciones derivada de la Ley de Protección de Datos.
