sábado, 17 enero 2026
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El Gobierno suprime la revisión de precios en las obras públicas

Éramos pocos y … Ya saben cómo acaba. Las constructoras españolas no ganan para disgustos. Tienen pocas obras a las que acudir, y encima el Gobierno les atornilla un poco más a la hora de recuperar costes imprevistos por causas ajenas imprevistas. El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar la posibilidad de actualizar los precios de las obras públicas en los nuevos contratos que saca a concurso.

La reacción de las patronales ha sido inmediata, con la presentación de un recurso judicial por parte de CNC y Anci, al considerar que la renuncia obligada a la revisión de precios hace inviable la ejecución de obras. Además, argumentan que las empresas ya presentan ofertas con bajas notorias de precio con el fin de mantener una cartera de trabajos mínima para su subsistencia.

Anci, que agrupa a las constructoras de mediano tamaño, ha llamado a establecer de nuevo un sistema de revisión de precios de las obras cuando existan causas que lo justifiquen, como pueden ser un alargamiento unilateral de los plazos de ejecución o alzas excesivas de precios en materias primas como son el petróleo, los gasóleos, la ferralla o el cemento.

La decisión de Fomento de prescindir del sistema de revisión de los precios de la obra pública, que hasta ahora se aplicaba en función de la evolución de un conjunto de materias primas y materiales que se estima que pueden influir en el coste final de las obras, se suma a la actual coyuntura que atraviesa el sector por el insoportable descenso de la inversión pública.

En este sentido, durante la última asamblea de Anci, se avanzaba que el sector de la obra civil de España caerá entre un 4,5% y un 6% este año, con lo que seguirá destruyendo empleo (unos 75.000 puestos de trabajo) y detraerá 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Ante esta situación, la asociación reclama que los ahorros generados con el buen comportamiento de los tipos de la deuda pública se lleven a la obra civil" para inyectar 3.000 millones de euros a la inversión en infraestructuras. También solicitan que se active el Plan de Depuradoras para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y avales y financiación pública adecuados para que las empresas puedan competir en el exterior.

Ante las dudas vertidas desde algunos colectivos, relativas a que no son necesarias nuevas infraestructuras, los constructores hacen referencia al hecho de que en España ya se está invirtiendo, en esta materia, menos que en otros países, también con infraestructuras suficientes.
 

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