El Frontón Beti-Jai, un Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2011 situado en el centro de Madrid, sin uso alguno desde hace décadas, fue objeto de todo tipo de especulaciones por parte de sus últimos dueños privados -primero la sociedad Nuevo Beti Jai y, después, la empresa guipuzcoana Tarcosul Gestión-, pero ninguno de los proyectos se llevó a término.
Se trata de un edificio único en Europa, con la cancha de 1.340 metros cuadrados y el graderío elíptico de hierro, que se cierra por su lado oeste con un muro curvo de ladrillo neomudéjar. Cuenta con un aforo de 4.000 espectadores y se levanta sobre una parcela de 3.600 metros cuadrados con una superficie edificable de 10.800 metros.
Ante las dificultades para acometer proyecto alguno, fue precisamente la edificabilidad la que, a principios de la década, estuvo en el foco del conflicto, tras solicitar la propia propiedad -Tarcosul Gestión- la expropiación en febrero de 2010.
En abril de 2011, el Jurado Territorial determinó una valoración de 7,3 millones de euros, pero la cantidad fue recurrida tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la propiedad.
A partir de aquí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la sentencia el fallo del Jurado Territorial y bajó la edificabilidad o aprovechamiento del 1,114 al 1,04, bajando la valoración a 6,3 millones, la mitad de lo que pretendían obtener sus propietarios.
Al final, el Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de Ana Botella, pagó y se hizo con la titularidad, y será ahora la corporación presidida por Manuela Carmena la que acometerá, primero, la consolidación de la estructura del inmueble, para, posteriormente, ver que uso se le da. Siempre, deportivo y cultural.
De momento, de manera urgente se han iniciado las primeras actuaciones, debido al pésimo estado de conservación del inmueble, e incluye la realización de un estudio de patología del edificio para poder delimitar y cuantificar el alcance de los daños observados.
Para ello se realizarán catas para obtener los datos que permitan recalcular la estructura y definir soluciones para garantizar su estado de conservación. Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en circulación de personas por el edificio.
En una segunda fase, y con las soluciones constructivas que se deriven de las actuaciones actualmente en marcha, se actuará con un nuevo contrato en 2016, por un importe de 800.000 euros, que incluirá las obras de consolidación estructural y la estanqueidad de las cubiertas.
Por último, la idea es abrir un proceso de participación ciudadana precio a la convocatoria de un concurso internacional de ideas para abordar el proyecto de recuperación de este edificio, por el que ya se han interesado arquitectos internacionales de renombre.
