Airbnb, la platafoma online de alquileres turísticos, ha empezado a doblegarse ante las administraciones con una clara intención, la de proseguir con su boyante modelo de negocio y evitar seguir estando en el ojo del huracán por sus innovadoras prácticas y afrontando el continuo pago de multas.
Así, como ya lo ha hecho con anterioridad en ciudades europeas como Amsterdam, Milán, Hamburgo y en otras de Estados Unidos, desde el próximo 1 de octubre también cobrará una tasa turística en París, la capital francesa donde controla 50.000 alojamientos.
Se pone así fin a un largo tira y afloja, que ha derivado en varias sanciones, las que llevaron a la plataforma a negociar con el Gobierno francés la asunción del pago de un impuesto administrativo como parte de la regulación del alquiler de pisos turísticos en todo el país.
Será un recargo de 0,83 por noche que se encargará de recaudar para su transferencia directa al Ayuntamiento parisino, y que está previsto que se amplíe en los próximos meses a otras ciudades galas donde la presencia de Airbnb resulta relevante.
La nueva tasa se unirá a la tarifa de servicio, de entre un 6% y un 12%, que la plataforma cobra para cubrir los gastos de uso del sistema por parte de los usuarios. Una tarifa que se calcula a partir del subtotal de la reserva, que es el precio establecido en la configuración del anuncio. El porcentaje exacto varía en función del subtotal de la reserva. Cuanto mayor sea, menor será el porcentaje de la tarifa de servicio, que es decreciente para que los huéspedes en estadías de mayor duración o precio.
Al introducir las fechas exactas y el número de personas de una reserva, los huéspedes ven la tarifa de servicio incluida en la cantidad a pagar o indicada por separado en la página del anuncio. El importe exacto de la tarifa también figura en la página para hacer la reserva, antes de enviar la solicitud, y en los recibos de los huéspedes.
En España, la plataforma ha iniciado negociaciones para pagar la tasa turística que se cobra en Barcelona y evitar así nuevos problemas con la Generalitat de Cataluña, que ya le multó con 1.500 euros hace un año por continuar con su actividad y mantener publicidad de las habitaciones ofrecidas en Barcelona. Y antes había aplicado una sanción de 30.000 euros al considerar que el modelo de negocio era ilegal.
