Por ideas que no falten, aunque en este caso, y con el tiempo que quedan para las elecciones, el proyecto ideado por el Ministerio de Industria para recuperar el Palacio de Congresos de Madrid, frente al estadio Santiago Bernabéu, tiene toda la pinta de acabar en un cajón durante algún tiempo.
Por si acaso, el proyecto se ha planteado para dar vida a un edificio que lleva más de dos años cerrado. Una clausura que iba a ser temporal, y que ha acabado en definitiva. Inicialmente se debió a los fallos de seguridad detectados tras una inspección realizada a raíz de la muerte de cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena, y ha acabado con el cierre echado porque los 80 millones de euros necesarios para acometer su reforma resultaban a todas luces excesivos.
Ante esta situación, se ha planteado una reforma urbanística que permita construir un rascacielos de 23 plantas que aloje un hotel de cinco estrellas, como complemento al antiguo palacio. Un edificio de cinco plantas con un auditorio de 2.000 butacas, una decena de salas de reuniones, despachos, camerinos y un salón de banquetes.
El objetivo es que un gestor privado sustituya a Turespaña en este cometido. Para ello, se ha buscado explotar al máximo la edificabilidad concedida por el Ayuntamiento a la instalación en 2001. Su plan es ampliarla con un rascacielos de hasta 23 plantas, que albergará un hotel de cinco estrellas y comercios. Entonces, el consistorio aprobó la ampliación de la superficie máxima del Palacio de Congresos de 39.812 a 47.759 metros cuadrados edificables.
El inmueble sólo tiene protegido el mural diseñado por Joan Miró y ejecutado por el ceramista Joan Gardy Artigas, y, en un grado menor, el vestíbulo de entrada, según fuentes conocedoras del proyecto.
Turespaña ya está tramitando en el Ayuntamiento el plan urbanístico para ejecutar el proyecto, y confía en contar con la aprobación definitiva antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Algo que se antoja muy complicado por el escaso tiempo que queda. A partir de ahí, se licitaría la obra del rascacielos y la reforma del palacio. La adjudicataria explotará durante un plazo aún por decidir la instalación conjunta, cuya propiedad seguirá siendo estatal.
