Aquel majestuoso proyecto de Ciudad de la Justicia con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, quiso agrupar en 2004 todas las sedes judiciales de Madrid en un único espacio junto al barrio residencial de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid y el aeropuerto de Barajas, acaba de pasar a mejor vida.
El Gobierno regional acaba de disolver la empresa pública que lo iba a promover. Se queda por el camino una inversión de 30 millones de euros y un único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, que nunca ha llegado a ser utilizado y que costó casi 20 millones.
Los presupuestos autonómicos para este ejercicio preveían unas pérdidas de 98.500 euros de sociedad mercantil ahora disuelta, ligeramente por debajo de los del año anterior. El Campus de la Justicia contó con un presupuesto de 100.200 euros para el presente ejercicio, frente a los 158.505 en 2013).
Tras un lustro de parón tras sobrevenir la crisis, el Gobierno madrileño recuperó el proyecto en febrero de 2012, con la intención de adaptar la idea original a una versión de la Ciudad de la Justicia más barata y asequible a las nuevas circunstancias. Una revisión que pasaba por sacar a concurso la construcción de las instalaciones pendientes y gestionar el complejo privatizando por ejemplo su mantenimiento, la limpieza o la seguridad.
Entonces, el Ejecutivo de Aguirre decidió sacar a concurso tanto la construcción como la gestión del futuro campus. Lo haría por unos 33 millones, coincidente con la cantidad que el Gobierno regional abonaba cada año por la mitad de las sedes judiciales bajo su círculo de influencia en la capital.
Las expectativas del Gobierno autonómico eran que el concurso estuviese listo en 2013, después de los estudios de viabilidad económica. Sin embargo, en noviembre de 2012, nueve meses después de animarse a acabar la Ciudad de la Justicia, el Ejecutivo regional concluyó que no contaba con los fondos suficientes para seguir adelante con el macroproyecto.
“Creemos que hay que seguir con la reagrupación de las sedes judiciales, pero no hay dinero para inversiones en nueva construcción”, explicaban entonces desde el Gobierno regional, reconociendo que su departamento no podía afrontar una inversión de tal calibre, con los que la disolución era cuestión de tiempo. Habrá que ver qué futuro les espera al conocido ‘donut’ que se puede ver cada vez que se entra o sale del aeropuerto.
