El proyecto promovido por el empresario valenciano Enrique Bañuelos, a través de su empresa Veremonte, tiene una primera fecha clave. La del próximo viernes 25 de julio. Ese día se cierra el plazo abierto por la Generalitat de Cataluña para presentar ofertas por las seis licencias de casinos otorgadas en el complejo de ocio BCN World.
Con este primer corte, consistente en la preselección de candidatos, se pretende acreditar que los solicitantes cumplen los requerimientos para participar, son solventes técnicamente en materia de gestión de juego y solventes financieramente. Los ofertantes deberán aportar, además, un compromiso de presentar un manual de prevención del blanqueo de capitales durante la segunda fase del concurso.
En la segunda fase del concurso, que se iniciará cuando las condiciones urbanísticas lo permitan, se valorarán las propuestas presentadas por los solicitantes admitidos en la primera etapa y finalizará con la adjudicación de hasta seis licencias de casinos.
Hace meses que Veremonte anunció su alianza con Melco para la primera fase del resort y con Hard Rock para la segunda, por lo que cada uno prevé construir un casino en su área. El nombre del tercer inversor aliado captado por la empresa de Bañuelos no ha trascendido, pero todo indica que se trata de otro conocido operador internacional.
Habrá que esperara a ver si finalmente Cirsa y Perelada, las dos compañías catalanas con experiencia nacional e internacional en el ámbito del juego, se apuntan a este carro, aunque por el momento nada parece indicar que vayan a hacerlo.
Los solicitantes deberán justificar su solvencia económica y su solvencia técnica en materia de explotación de casinos a partir de una relación acreditativa de la experiencia acumulada durante los últimos cinco años, y también se les exigirá el compromiso de realizar una inversión mínima inicial de 300 millones de euros para cada autorización solicitada.
Esta inversión mínima será la requerida para la construcción de cada uno de los casinos, así como para los hoteles, zonas comerciales y de ocio de cualquier otra actividad que contemple el proyecto del solicitante.
Además del certificado en materia de prevención de capitales, las empresas deberán entregar certificados negativos de antecedentes penales de la persona jurídica solicitante, de las que puedan componer una agrupación de empresas solicitante y de las personas físicas que actúen como socios o promotores, administradores o directores generales y apoderados con facultades de administración.
