Madrid. Las particularidades de los Centros Integrados de Desarrollo (CDI), una figura que se acaba de sacar de la manga el Gobierno de la Comunidad de Madrid, recogen muchas de las cuestiones por las que Sheldon Adelson, el presidente de Las Vegas Sands, eligió Madrid para desarrollar el proyecto Eurovegas.
La simple catalogación de un proyecto como CDI, figura recogida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas complementaria de los Presupuestos de 2013 de la Comunidad de Madrid, supone que no se tendrán en consideración las limitaciones establecidas por la legislación regional de suelo relativas al régimen de alturas permitidas. O lo que es lo mismo, que podrá hacer los rascacielos que quiera, sin limitación alguna.
También se establece una bonificación por creación y mantenimiento de empleo “la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,1% por cada 100 trabajadores que integren la plantilla media en cada periodo. En la práctica, supone una exención del 100% por cada 100.000 empleados y, a cambio, no contarán estos CDI con la bonificación del 9% anual por inversiones en edificios o material y otra de 9.000 euros por cada trabajador que integre la plantilla.
No obstante, el Gobierno regional presidido por Ignacio González, lo quiere tener todo atado y bien atado en este asunto. Por ello, y ante la eventualidad de que el proyecto no se ajuste a las previsiones establecidas, como que las obras comiencen dentro de un año, se han establecido unas causas de caducidad de autorización de los CDI.
Entre ellas, figuran el incumplimiento de los plazos de inicio de la ejecución del CDI previstos, salvo que se hubiera otorgado una prórroga, la falta de culminación de las obras e infraestructuras de conexión del CDI y de los elementos estructurantes de la urbanización transcurrido un plazo superior al doble del previsto en el programa de implantación, o la no puesta en funcionamiento de al menos el 30% de las instalaciones que a estos efectos se señalen en el Proyecto de Alcance Regional y representen un mínimo del 25% de la inversión comprometida dentro de los plazos previstos.
Con esta legislación a la medida, es más que probable que Las Vegas Sands haga público de manera inmediata el emplazamiento definitivo del proyecto, para, a partir de ahí, comenzar con la tramitación administrativa que permita, como está previsto, que se puedan comenzar las obras justo dentro de un año.
