El Grupo de Trabajo por la Rehabilitación ha presentado en CONAMA su último informe dedicado, en esta ocasión a las ciudades. Bajo el título, Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial, el informe alerta del grave desfase entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la realidad de la actividad rehabilitadora en nuestro país. Cada año se deberían rehabilitar energéticamente 250.000 viviendas y apenas se llega a las 25.000.
Esta es solo una de las conclusiones de este trabajo redactado por Xavier Casanovas, Albert Cuchí, Jordi Mas Herrero y Juan Rubio del Vall y coordinado por Fundación CONAMA y Green Building Council España (GBCe). Además, GTR-Ciudades aporta soluciones y apunta seis propuestas para un modelo apoyado en estrategias y planes locales de rehabilitación y que tienen al municipio como base.
En el acto de presentación celebrado en el marco del Congreso Nacional de Medioambiente, CONAMA, los autores han adelantado que para dar un salto de escala que permita abordar este reto con garantías, el informe propone que el fomento de la Rehabilitación se convierta en una política pública que ponga de acuerdo a las diferentes administraciones. «Tenemos que reconocer que la rehabilitación de edificios en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el sector público se ha considerado tradicionalmente que la rehabilitación es una actividad de interés privado, derivada del deber de conservación que la legislación vincula al de propiedad, y por el que se ha velado muy tímidamente desde las administraciones. El resultado está a la vista. El ritmo rehabilitador es muy escaso y de seguir así no podremos cumplir con los compromisos adquiridos con Europa», ha manifestado Albert Cuchí, autor en colaboración con otros miembros de GTR de este trabajo.
Además, el documento propone una nueva Estrategia de Rehabilitación que se impulse mediante un Plan Estatal de Rehabilitación dotado con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Energética, con la participación de las CCAA y que tenga como objeto principal empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios. Singularmente se propone incidir con más énfasis en los entornos más vulnerables económicamente. De esta manera no solo se evitarán emisiones de CO2, sino que además, se creará empleo en el sector verde y se luchará a su vez contra la pobreza energética y la segregación urbana. «La falta de diagnóstico, desde el sector público, del estado del parque edificado, y de cómo están evolucionando esconden una punzante realidad de segregación urbana y un agravamiento del proceso de degradación de muchos barrios», ha declarado Jordi Mas, otro de los coautores del último trabajo del GTR. El texto también sugiere que se supere la cultura de la subvención y que se impulsen otros instrumentos de apoyo a las comunidades de propietarios con mayor implicación del sector público en la planificación, gestión y financiación de los procesos rehabilitadores.
Gracias a estas y otras medidas, se posibilitará el cumplimiento de los Compromisos Internacionales de lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades urbanas, la mejora de la salud y de la calidad de vida de la ciudadanía con viviendas más confortables y accesibles y la creación de empleo en un sector intensivo en mano de obra e imposible de deslocalizar.
Por último, GTR-Ciudades defiende que la inversión pública arrastrará un volumen de inversión privada suficiente para que los retornos en forma de impuestos compensen el presupuesto público invertido inicialmente. El Informe es de interés también para aquellos municipios que quieran impulsar la rehabilitación energética de viviendas en el marco de los objetivos de la nueva Agenda Urbana.
