La Comunidad de Madrid ha querido sacar pecho ante los promotores como verdadero puntal del crecimiento del sector inmobiliario que se está produciendo en España.
Así, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, durante la inauguración de Congreso Nacional Inmobiliario, tiraba de estadística para recoger el dato de que las licencias de obra nueva para la construcción de viviendas en la región se han elevado un 66% en los cinco primeros meses de 2016, muy por encima del 27% registrado en la media nacional.
Durante su intervención en el congreso organizado por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), bajo el título «De la recuperación a la innovación», Rollán apuntaba que el inmobiliario se un sector estratégico, cuya aportación al PIB es muy necesaria para el crecimiento económico.
Y, en este sentido, recordaba su reactivación es necesaria, para consolidar y reforzar esta recuperación, y así poder seguir trabajando y adaptando el sector a los nuevos tiempos, innovando para lograr espacios más accesibles, confortables y menos contaminantes.
En este sentido, el Gobierno regional está gestionando ayudas que servirán para fomentar la rehabilitación de viviendas y la regeneración y renovación de espacios urbanos gracias al convenio firmado con el Ministerio de Fomento en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
Así, durante este año se destinarán 14,1 millones de euros para ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria y 29,8 millones de euros para ayudas a la regeneración y renovación urbanas.
De la misma manera, el Gobierno regional está trabajando en la creación de un Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los edificios de la Comunidad de Madrid, en el que se inscribirán todos los informes de evaluación de más de 40.000 edificaciones al año.
Este registro permitirá la explotación de los datos obtenidos, localizando las debilidades y carencias del parque edificado y facilitando que ayuden a mejorar su calidad y sostenibilidad, así como la obtención de una amplia información que permita orientar el ejercicio de las políticas en materia de arquitectura y vivienda. Se podrán inscribir todo tipo de edificios, independientemente de cuál sea su uso y, de forma obligatoria, aquellos que tengan más de 30 años.
Además, se va a unificar en un único documento la evaluación del estado de conservación del edificio (ITE), para garantizar la seguridad de todos los edificios de la región; sus condiciones básicas de accesibilidad universal, promoviendo los ajustes razonables en la materia; y la certificación de la eficiencia energética (CEE) para alcanzar el compromiso de ahorro energético y la sostenibilidad de los edificios.
