La Consejería de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia recomienda a los propietarios mantener activos los suministros básicos en sus viviendas para que puedan prevenir su okupación al acreditar que es morada, que es el término jurídico que permite a la policía poder intervenir.
Además, lo pueden utilizar para defenderse legalmente ante una posible usurpación o allanamiento de las segundas residencias.
Se incorpora así la aportación de la empresa Iberdrola al ‘Manual de Buenas Prácticas para propietarios’ que está elaborando la Comunidad Autónoma para la prevención de casos de okupación en la Región de Murcia.
Así lo ha explicado el consejero José Ramón Díez de Revenga, tras la reunión celebrada con los representantes de Iberdrola, de la que destacó la predisposición de la empresa para intercambiar información con la Administración regional para acabar con estas prácticas ilegales.
El responsable regional se refirió a los «puenteos» de la electricidad que, «además de ser un robo de suministro penado por la ley, conllevan múltiples problemas de seguridad como incendios o cortes de suministros a bloques completos».
«Las prácticas ilegales que realizan los okupas en cuanto a los pirateos de suministros atentan contra la seguridad de ellos mismos y el resto de vecindario», declaró el consejero.
Insistió en la postura del Ejecutivo regional de poner en marcha los mecanismos que sean precisos para disuadir a estas mafias, «porque no es sólo un atentado contra la propiedad privada sino además son focos de delincuencia, de conflictividad social y de degradación de bloques y barrios».
Los responsables murcianos de Fomento también se han comprometido a estudiar la cobertura legal para que los cerrajeros puedan comprobar la propiedad de la vivienda cuando les soliciten un trabajo y así prevenir situaciones de okupación.
Así, el Ejecutivo regional responde a la petición realizada por el presidente de la Gremio de Cerrajería de la Región de Murcia, Francisco Martínez, y el secretario de Fremm, Andrés Sánchez durante unareunión mantenida con el consejero Díez de Revenga.
«Nos hemos comprometido a buscar la fórmula legal para comprobar que la persona que les está llamando para cambiar una cerradura realmente es un usuario legal, está de alquiler o es legítimo propietario de la vivienda», comentaba el consejero.
