Las esperaban desde hace meses como agua de Mayo, pero las ayudas a la vivienda para colectivos en riesgo de exclusión social en la Comunidad Valenciana se han quedado muy cortas. Y es que un millón de euros da para lo que da.
Junto a las 123 ayudas concedidas, que oscilan entre 672 euros la más baja y 27.494 euros la más alta, otros 551 solicitantes se han quedado sin nada, por incumplir los requisitos exigidos o porque no había más dinero, como ocurrió a 80 familias. En definitiva, que el 82% de los solicitantes se queda sin recibir nada.
Los colectivos que podían solicitar estas ayudas eran familias numerosas o monoparentales, con dos hijos o un menor de tres años a su cargo, embarazadas, realojados, personas con familiares mayores de 65 años, discapacitados o desempleados sin prestaciones y amenazados de desahucio, siempre que los ingresos familiares no superen las 2,5 veces el indicador público de renta o cuya carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5, son algunas de las condiciones exigidas para acceder a las ayudas.
Se trata de ayudas derivadas de una orden de junio de 2013 que la titular de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, promulgó para aliviar a los que se encuentren en riesgo de exclusión social, y que se planteaban con carácter prioritario”.
En aquel momento se dijo que se pagaría cuando se pudiera. Sin embargo, no se ha publicado la lista hasta más de un año y medio después. La resolución especifica ahora que “aquellas solicitudes en las que concurrían los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en las bases de la convocatoria, y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitieron, fueron objeto de resolución de concesión de las correspondientes ayudas”.
El gran número de solicitudes desestimadas confirma las denuncias que la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda hizo cuando se lanzó la iniciativa por lo restrictivo de los requisitos, similares a los de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios del Gobierno de Mariano Rajoy. Los requisitos, pues, han provocado que casi nadie se pueda acoger.
