La Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) asume la gestión recaudatoria de los ingresos de los procedimientos por infracción urbanística de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), mediante un convenio entre los dos organismos de cuatro años de vigencia, firmado por la presidenta de la ATIB y consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern de las Illes Balears, Catalina Cladera, y la presidenta de la ADT y consellera de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido.
Según establece este convenio, la ATIB asume, en régimen de prestación de servicios, la gestión recaudatoria en vía voluntaria y ejecutiva de los ingresos de todo tipo derivados de los procedimientos por infracción urbanística tramitados por la ADT. Estos comprenden las sanciones impuestas por la comisión de infracciones urbanísticas y las multas coercitivas impuestas para el acatamiento de las órdenes de suspensión de obras y de las órdenes de restitución de la realidad física alterada dictadas por la ADT.
Así mismo, la ATIB se encargará de la gestión relativa a las cantidades que los infractores tienen que abonar por los gastos asumidos por la ADT como consecuencia de la ejecución subsidiaria de órdenes de restitución no acatadas voluntariamente. El convenio tiene una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de su firma, hasta el año 2022, y no implica una delegación de la competencia sancionadora de la ADT.
La consellera Cladera ha afirmado que «la ATIB es un organismo que está al servicio de todos y de todas, para garantizar que todos jugamos con las mismas reglas, y que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, en relación a los tributos que gestionamos».
Así, la titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que la ATIB ayuda a recaudar los tributos propios y cedidos que dependen de la Comunidad Autónoma, y también gestiona tributos municipales con 51 localidades de Baleares que mantienen convenio de prestación de servicios. Ahora el Consell de Mallorca se incorpora a esta nómina con el acuerdo firmado.
Por su parte, Mercedes Garrido ha asegurado que «los excedentes de la Agencia de Defensa del Territorio se reparten entre los ayuntamientos miembros para que puedan hacer actuaciones de mejora en sus municipios». Además, «intentamos siempre reducir la cantidad de las sanciones porque si el infractor ejecuta la demolición dentro del plazo, se puede disminuir entre un 80 y un 90 por ciento», según Garrido.
Durante 2017, el ADT impuso sanciones por un total de 5.750.000 euros. De estos, 4,8 millones corresponden a las sanciones impuestas por infracción urbanística. El resto, 950.000 euros, son el resultado de las multas coercitivas a aquellos infractores que no llevan a cabo la demolición dentro del periodo indicado. Hasta ahora, el ADT sólo ha podido cobrar el 19% de las multas impuestas por infracción urbanística.
A la Agencia de Defensa del Territorio, organismo autónomo de carácter administrativo del Consell de Mallorca, corresponde la tramitación de los expedientes sancionadores y de restitución de la realidad física alterada, así como emitir y notificar las resoluciones que se deriven de su tramitación, controlar los plazos de prescripción de la infracción o adoptar las medidas provisionales o cautelares de la tramitación del procedimiento sancionador para garantizar el cobro o adoptar la suspensión de las liquidaciones que se emitan o su levantamiento.
El acuerdo prevé una interconexión de los sistemas informáticos de los dos organismos para que cualquiera de estas entidades pueda tener constancia de forma inmediata de cualquier actuación que se pueda llevar a cabo en el ámbito de la colaboración.
Esta interconexión también tiene que permitir que los documentos de ingreso relativos a una sanción en materia urbanística impuesta por la ADT se pueda hacer efectivo a las entidades bancarias colaboradoras de la ATIB así como también por vía telemática a través de la sede electrónica de la ATIB.
