Un total de 6,5 millones de euros será el coste aproximado que asumirá la Comunidad de Madrid por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para que las familias que residen en las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (antiguo IVIMA) no tengan que hacer frente a ese importe.
En virtud del Proyecto de Ley aprobado, la Comunidad de Madrid efectuará una reducción equivalente al 100% de la cuantía repercutida, mediante el mecanismo compensatorio de la repercusión obligatoria del IBI a los arrendatarios de las 23.000 viviendas de la Agencia, de forma que no tendrán que soportar la repercusión del impuesto.
El proyecto, que será remitido a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva, incluye la compensación que la Agencia de la Vivienda Social realizará de este impuesto a cada uno de los arrendatarios de sus pisos, evitando así ahondar en las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas personas. Repercutir el IBI a los inquilinos supondría un incremento de entre un 22% y un 1.022% en las cuotas mensuales de sus rentas.
Se cumple así el compromiso de la presidenta de la Comunidad, que el pasado 26 de abril ya anunció esta medida, con una iniciativa que se une a otras ya existentes también de carácter social, como es destinar 11,7 millones de euros a la reducción de las rentas de alquiler a 7.500 familias con escasos ingresos económicos.
En el ejercicio 2016 se ha abonado un importe de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 corresponden al IBI de Madrid capital y casi 2 millones de euros al resto de municipios de la región.
El Impuesto de Bienes Inmuebles constituye una obligación de periodicidad anual de la que ha de responder el arrendatario mientras el contrato esté vigente, pero la Comunidad de Madrid tiene la determinación de asumir ese coste para no penalizar a las familias con menos recursos.
Se cierra así una polémica, abierta en 2015 cuando el Tribunal de Cuentas ordenó el pasado año a la Comunidad que repercutiese este impuesto en los inquilinos. El Gobierno regional pidió un informe a la Comisión Jurídica Asesora, que se pronuncié en los mismos términos. Pero, finalmente, el Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes ha hecho valer su compromiso con las familias que disponen de menos recursos.
