La polémica medida del Ayuntamiento de Barcelona de cobrar una tasa a los grandes propietarios de viviendas (empresas y bancos), por tenerlas vacías, ya es una realidad.
El Pleno, presidido por Ada Colau, ha aprobado definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales para introducir una tasa de 633 euros que cubrirá el coste de la actuación administrativa que implica la incoación y tramitación de expedientes y la labor de inspección y control de una vivienda.
La nueva tasa, que ya se utiliza en otros municipios catalanes y está avalada jurídicamente por diversas sentencias, grava la apertura de un expediente cuando la Administración detecta que un gran tenedor tiene un piso vacío, y su objetivo final no busca la simple recaudación, sino que no haya pisos vacíos y que los que están cerrados se den a alquiler social para combatir la situación de emergencia habitacional.
Esta tasa es independiente de las multas coercitivas o las sanciones que se puedan imponer a los titulares de viviendas en el marco de procedimientos administrativos posteriores. De hecho, la tasa grava los pisos de grandes tenedores que llevan desocupados como mínimo dos años sin causa justificada.
El importe que deberá pagar el propietario es de 633 euros, que es la cantidad que tiene que pagar el Ayuntamiento para verificar que el piso está vacío. Si el propietario no corrige esta situación, se le cobrarán 286 euros por cada nuevo requerimiento.
La modificación de la Ordenanza fiscal 3.1 de Tasas por Servicios Generales incorpora dos cambios más. Por un lado, la reducción y el establecimiento de exenciones de la tasa que se aplica en la autorización de solicitudes de ocupación de la vía pública para mudanzas, rodajes, grabaciones, andamios, grúas, sesiones fotográficas y reservas de espacio.
Además, se rebaja el importe de la tasa, que ahora cubrirá el 40% de lo que cuesta prestar el servicio, en lugar del 90% vigente. La reducción del importe de la tarifa de 86,31 euros a 38,36 euros se aprueba con el objetivo de incrementar este grado de cobertura de manera progresiva hasta que cubra prácticamente todo el coste del servicio, como ocurre con la resto de servicios públicos que se presentan a las empresas privadas, de acuerdo con la política del actual Gobierno.
La otra modificación incluida en las ordenanzas fiscales prevé bonificar el total de la tasa de elaboración de los informes para la homologación de planes de autoprotección de la ciudadanía o de las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés social, con el objetivo de garantizar la seguridad en las actividades o celebraciones que estas llevan a cabo.
