La Cámara de Contratistas ha reclamado a la Junta de Castilla y León que no se incluya la Tasa por Inspección y Dirección de Obras Públicas en los futuros Presupuestos de la Comunidad Autónoma, al considerar que se trata de un impuesto injusto que lastra las posibilidades de desarrollo del sector.
Así lo ha solicitado el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en una carta en la que le recuerda que a pesar de que en 2013 la Junta de Castilla y León acordó con los contratistas la supresión de estas tasas en los Presupuestos de 2014 «nuestra sorpresa y malestar fueron grandes cuando en los citados presupuestos se volvieron a incluir las TIDOP, por lo que solicitamos su inmediata anulación».
Pascual añade que, aun así, la tasa fue también incluida en los presupuestos de 2015 y 2016, «incumpliéndose nuevamente por parte de la Junta de Castilla y León el compromiso previamente adquirido, sin que además se nos facilitase la más mínima explicación al respecto».
Por ello, afirma que ante la próxima preparación del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2017 «nos vemos en la necesidad de solicitar nuevamente y de manera contundente la supresión» de dicha tasa, «recordando que existe también un compromiso expreso del presidente para impulsar la industria de la Construcción en nuestra Comunidad y que la Junta de Castilla y León se encuentra en uno de los momentos de menor adjudicación de obra de los últimos 25 años».
Agrega que desde el año 2007 el sector de la Construcción ha perdido cerca de 8.300 empresas y más de 77.000 puestos de trabajo directos y «parte de este dudoso mérito sin duda hay que atribuírselo a la aplicación de las TDIOP», afirma Pascual en su misiva.
El importe de la tasa que aplica la Junta de Castilla y León a las certificaciones de las obras que lleva a cabo es del 4% del presupuesto de ejecución material de la obra.
Aunque según las previsiones de la Cámara de Contratistas para este año la ejecución de obra será muy escasa, las empresas de obra pública deberán abonar aproximadamente 7,6 millones de euros en concepto de esta tasa.
Por ello, los contratistas consideran que las TIDOP suponen para todo el sector de la obra pública en la región un impuesto injusto que lastra sus posibilidades de futuro, perjudicando tanto a empresas como a trabajadores.
La aplicación de esta tasa que entró en vigor en el año 2002 y se ha venido reclamando desde entonces, no se corresponde al pago por un servicio que el Gobierno regional preste a las adjudicatarias de obras, sino a un servicio que la administración se presta a sí misma.
La tramitación de estas tasas implica además, un coste burocrático tanto para la propia administración como para las empresas adjudicatarias, que no beneficia a nadie.
