El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado el Proyecto de ley para crear un impuesto sobre los pisos vacíos.
Esta medida tiene por finalidad estimular las entidades financieras propietarias de una importante bolsa de pisos para que los pongan a alquiler. Se calcula que afectará al menos 15.000 pisos en manos de entidades financieras en los 72 municipios con mayor demanda de vivienda y se estima que tributará una media anual de entre 850 y 1.650 euros por vivienda vacía.
La nueva norma prevé aplicar el impuesto en el caso de viviendas desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. Las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social estarán exentas de la aplicación de este gravamen.
El Proyecto prevé un conjunto de bonificaciones, en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler asequible el titular, bien directamente o bien cediendo a bolsas de mediación para el alquiler social a las administraciones oa las entidades sociales.
Las bonificaciones son las siguientes:
• Si el titular destina del 5 al 10% de las viviendas a vivienda asequible, obtendrá una bonificación del 10% de cuota.
• Si destina entre el 10 y el 25% a vivienda asequible, se beneficiará de una bonificación del 30%.
• Entre el 25 y el 40% tendrá un 50% de bonificación de cuota.
• Si hay destina más del 40% la bonificación será del 75%.
• Finalmente la bonificación será del 100% cuando se destinen a alquiler social más del doble de viviendas vacías que estén sujetas al impuesto.
El impulso al establecimiento de este impuesto se desprende de la Ley del derecho a la vivienda, que prevé una serie de medidas para que las viviendas desocupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada demanda, se incorporen al mercado por medio, si procede, de la intervención de las administraciones. Por otra parte, la regulación de este impuesto complementará las diversas medidas que se incluirán en el Plan para el derecho a la vivienda, cuya tramitación está a punto de finalizar
Alquiler solidario
El Gobierno catalán también pondrá en marcha a partir de este verano una nueva iniciativa, el alquiler solidario, que tiene por objetivo incentivar a las personas propietarias de pisos vacíos del parque privado para que los cedan a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que los reformará y los pondrá en alquiler social. Esta experiencia piloto prevé movilizar, de entrada, un stock de 200 pisos situados en alguno de los 72 municipios con fuerte demanda de vivienda.
Los propietarios, prioritariamente personas físicas, podrán optar a participar en este programa a cambio de ceder su vivienda a la Administración por un período mínimo de seis años. Como contrapartida, la Generalitat reformará y adecuará el piso, por un importe máximo de 12.000 euros por vivienda, y lo destinará a alquiler social. Cada propietario será compensado con una renta aproximada de 75 euros mensuales que tienen por finalidad únicamente compensarle los gastos ordinarios de la vivienda (IBI, comunidad de vecinos, etc.).
Esta iniciativa pretende cubrir los siguientes objetivos:
• Favorecer los propietarios de viviendas que no pueden mantenerlos ni rehabilitarlos, temporalmente, pero que quieren conservar la propiedad;
• Movilizar viviendas desocupadas;
• Obtener más viviendas para políticas sociales;
• Y propiciar que se hagan obras de rehabilitación para generar empleo.