La Fundación FAES propone una reforma que ordene la fiscalidad energética y medioambiental en España para mejorar la competitividad y eficiencia del sistema. Así lo recoge el número 174 de Papeles FAES, publicado hoy martes y titulado ‘Fiscalidad energética en España: situación actual y propuestas de reforma’, en el que se analiza el panorama impositivo en materia energética y se propone una serie de cambios y novedades. “La necesidad de una reforma de la fiscalidad energética y medioambiental se hace evidente después de observar la variedad de figuras impositivas de las diversas administraciones y la falta de coordinación y de regulación de bases y competencias de las comunidades autónomas”, dice.
Entre otras propuestas, FAES señala que “sería oportuno evaluar la conveniencia de que determinadas cargas parafiscales de la tarifa eléctrica fueran directamente a los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso del carbón nacional, y quizás también la compensación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”.
Este nuevo Papeles ha sido elaborado por la Fundación como colofón a la celebración, en los últimos meses, de una serie de seminarios sobre fiscalidad energética y ambiental, y tiene en cuenta la propuesta de Directiva europea sobre la reforma de la fiscalidad energética, actualmente en tramitación, y el informe de la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario español, recientemente publicado.
CARGAS PARAFISCALES
El documento recuerda que “la actual política energética de España se concreta en tres objetivos: reducir la dependencia energética y garantizar la seguridad de abastecimiento, cumplir los compromisos de sostenibilidad medioambiental, y no perjudicar la competitividad de las empresas ni la economía de las familias”. A su juicio, “la fiscalidad debe ayudar a alcanzar dichos objetivos, dando señales para orientar el consumo eficiente y apoyando a las tecnologías que mejor contribuyan a los objetivos de mix energético”.
Asimismo, subraya que “el sector energético en España está sujeto a diversas figuras fiscales y parafiscales, con peso creciente en los últimos años”, en buena parte “por las necesidades de aumentar la recaudación, tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas”. “Algunos de los impuestos o tasas vigentes no tienen carácter finalista, sino recaudatorio, determinado por la necesidad de aportar ingresos para resolver el problema del déficit”, asegura.
Entre dichas cargas parafiscales cita “los costes no relacionados con el suministro pero que se incluyen en las tarifas eléctricas, como los de apoyo a las energías renovables y cogeneración, las anualidades para la recuperación del déficit eléctrico o la generación con carbón nacional”. A juicio de FAES, la actual fiscalidad energética-ambiental en España presenta, entre otros inconvenientes, que los impuestos no se basan en una estimación del daño medioambiental, que su aplicación en las comunidades autónomas es desigual y rompe la unidad de mercado, y que distintas fuentes de energía soportan cargas fiscales desvinculadas de sus efectos medioambientales. “Esta situación distorsiona los precios de la electricidad y la encarece, lo que afecta a las decisiones de consumo e inversión”, dice la Fundación.
“Por ello es oportuno plantear una reforma para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema”, asegura, aunque añade que si bien “existe margen para elevar la presión fiscal medioambiental en España, una de las más bajas de la OCDE, por otra parte el esfuerzo fiscal nacional es elevado y una imposición adicional, sobre todo si afecta a la producción o a la renta disponible, puede tener un efecto negativo sobre la recuperación económica”. A la hora de elaborar su propuesta de reforma, apunta que “en el caso del sector energético el diseño de la fiscalidad no puede hacerse sin tener en cuenta el funcionamiento de los mercados, el impacto en la competitividad y el déficit”.
DIRECTRICES GENERALES
Entre las directrices generales indicadas por FAES destacan asimismo que “la carga fiscal se reduzca en general, y en concreto en lo que se refiere a la energía, por su impacto en la competitividad”; que “la fiscalidad energética no afecte a la unidad de mercado ni a los costes administrativos o regulatorios de las empresas”; y que se eliminen las distorsiones acumuladas y se evite así que la fiscalidad se convierta en un simple mecanismo recaudatorio. En este sentido, considera necesario “evitar una doble o múltiple imposición por las diferentes normas existentes, lo que debe hacerse mediante una reordenación de las competencias y una ley de bases”.
Otras de las directrices planteadas pasan por “incorporar los principios de la propuesta de Directiva europea, que incluye incentivar el consumo de productos menos contaminantes y la economía baja en emisiones, eliminar subsidios injustificados y aplicar un tratamiento consistente a todas las fuentes de energía que tengan impactos ambientales semejantes, de forma proporcionada y equitativa”. Entre las recomendaciones, FAES señala que “las bases imponibles de los impuestos ambientales deben contemplar dos componentes fundamentales -el contenido energético y el contenido de CO2-, lo que aseguraría la neutralidad del impuesto”.
Además, añade que la reforma debe “ser coherente con los impuestos medioambientales aplicados en otros países de la Unión Europea, o más favorable, si se quiere apoyar la competitividad de la industria española, pero en ningún caso el efecto puede ser aumentar los precios finales por encima de la media de la UE”.
