¿Por qué, después de todas las presiones recibidas de organismos internacionales y de mil y un informes de expertos, no parece que se vaya a eliminar la deducción por compra de vivienda en el IRPF con carácter retroactivo?
Solo una razón. La ristra de elecciones que se avecinan en año y medio lo ha impedido. Si no llega a ser por esto, los cinco millones de contribuyentes que cada año se benefician de esta ayuda fiscal, se hubieran quedado sin ella. Más pronto que tarde ocurrirá.
Ese máximo deducible de 1.350 euros por contribuyente sobre la base máxima de 9.015 euros anuales supone que en 2014 el Estado deje de ingresar casi 1.800 millones de euros.
Una cantidad que cada ejercicio se ve menguada por dos motivos, por la lógica que impone la progresiva cancelación de los préstamos hipotecarios, y por la eliminación que se llevó a cabo para todas las compras de vivienda efectuadas a partir del 1 de enero de 2013.
De no ser por estas citas electorales consecutivas (al Parlamento Europeo este año y las municipales, autonómicas y, sobre todo generales, a celebrar en 2015), hubieran sido seguidas a rajatabla las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entendían esta ayuda como algo que había servido para incrementar los riesgos inmobiliarios y que, además, resulta regresiva porque favorece a las rentas más altas, que son las que pueden aplicarse la deducción completa y llegar al máximo beneficio fiscal. En la misma línea se ha posicionado el comité de sabios que está elaborando la propuesta de reforma fiscal.
El delicado asunto ha dado pie, en las últimas semanas, a múltiples interpretaciones, incluso dentro del seno del Gobierno. En un momento dado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no desmintió que pudiera producirse esta retirada de la deducción, y se limitaba a indicar que el Ejecutivo estaba a la espera del informe de expertos para tomar una decisión.
Dudas que desde Hacienda han tratado de atajar, en el sentido de que no tendría sentido quitarla la deducción de golpe y sin alternativas, dando por sentado que no se iban a perjudicar los derechos adquiridos de las personas que ya están disfrutando. Además, caso de plantearse, que no es el caso, podría hacerse de manera progresiva para no crear tanto descalabro en las cuentas de millones de contribuyentes.
