Madrid. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha fijado el importe máximo que han de percibir el próximo año las entidades colaboradoras (ECLUs) en el nuevo modelo de gestión de licencias urbanísticas. Como la implantación y asunción de competencias se ha hecho de forma progresiva desde el pasado año, es ahora la primera vez que se recogen en un único acuerdo todos los conceptos sobre los que recaen las funciones de verificación y control que realizan estas entidades.
Además, conscientes de la coyuntura económica y del papel que juegan los emprendedores, el Gobierno municipal ha introducido una importante rebaja –hasta un 40%– en los precios de las licencias de actividades que se desarrollan en despachos o talleres domésticos. De esta forma la implantación de un despacho o taller doméstico en la Ciudad de Madrid tendrá un precio único de solo 350 euros.
Para fijar conjunto de precios de las actuaciones sujetas a licencia, la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades ha elaborado un detallado estudio de las actividades más características de la ciudad, teniendo en cuenta el número de solicitudes, los modelos tipológicos, la superficie media de los locales objeto de solicitud, la complejidad de las actuaciones y la intervención de técnicos cualificados en la redacción de proyectos.
Con el nuevo modelo de precios se ha querido dotar de una mayor transparencia a los mismos, al clarificar los conceptos y conseguir que el solicitante de la licencia pueda conocer el precio estipulado para lo que pretende realizar.
En primer lugar, se establece un precio fijo para las actuaciones que afectan a las actividades más usuales, independientemente del procedimiento por el que las licencias deban ser tramitadas. Así el solicitante puede saber lo que cuesta implantar una actividad en la Ciudad de Madrid y contar con un importe cierto cuando presupueste los gastos que conlleva el inicio de las mismas.
Por otra parte, un elevado número de las actividades de la ciudad se desarrollan en locales con una superficie que ronda los 50 metros cuadrados. Son empresas que, pese a su pequeño tamaño, tienen un efecto revitalizante sobre la ciudad, circunstancia que se ha tenido en cuenta en la nueva distribución de los conceptos de los precios para estimular este tipo de actividades con una disminución de los mismos para este tipo de actuaciones.
También es significativa la rebaja en los precios para las actividades sometidas a control medioambiental con superficie que no supere los 200 metros cuadrados, ya que se ha tomado en consideración que la documentación técnica que aporta el interesado lleva consigo el estudio de estos condicionantes elaborado por técnico competente, sufragado por el solicitante de la licencia.
La excelente respuesta a la introducción del nuevo sistema de gestión y el volumen de solicitudes ha aconsejado realizar el ajuste citado para mantener los estándares de calidad alcanzados, como uno de los objetivos fundamentales del sistema.
El acuerdo mantiene el tope del 85% como límite a lo que las ECLU puedan rebajar en los precios que establezcan, pero introduce dos tramos. Uno que afecta a los precios que comunican a la Agencia para su aprobación y posterior publicación, en los que el límite se ha fijado en un 90% y, por tanto, la rebaja sobre los precios máximos establecidos puede alcanzar el 10%. Y un segundo tramo que afecta a la propia actividad de las ECLU y sus relaciones con sus clientes, que les permite aplicar un descuento adicional de hasta un 5% a sus clientes habituales.
El nuevo sistema de gestión de las licencias de actividades introducido en 2009 en el Ayuntamiento de Madrid por la Ordenanza que establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA) da entrada a la colaboración privada en el ámbito de la preparación de la solicitud de licencia y en el del mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento a través de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas, las denominadas ECLU.
Las ECLU se retribuyen por las funciones de verificación y control fijadas por la OGLUA, tarifando sus actuaciones dentro del límite máximo fijado por el Ayuntamiento de Madrid.
