Madrid. Nuevo obstáculo fiscal para las empresas concesionarias. La adaptación de España a la nueva contabilidad contable internacional impide a ACS, FCC, Sacyr o Abertis usar la libre amortización de activos para diferir su tributación. La medida lleva consigo la imposibilidad de atrasar el pago del Impuesto sobre Sociedades, el que grava los beneficios, como el resto de sectores. Y se produce en el momento más inoportuno, cuando están a punto de licitarse concesiones del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) por 17.000 millones de euros.
Las nuevas reglas contables consideran que las inversiones de las concesionarias de infraestructuras o servicios públicos se dividen en “inmovilizado intangible” o “activos financieros”, lo que significa que desaparecen los conceptos de “inmovilizado material” e “inversiones inmobiliarias”, que eran los dos activos que se podrían amortizar libremente.
No cambia el fondo, pero sí la forma en forma de consecuencias fiscales. Y esa modificación provoca las compañías no podrán recurrir a un gran volumen de amortizaciones que les haga apuntarse pérdidas fiscales pero no contables, para diferir el pago de impuestos. O lo que es lo mismos, una empresa puede amortizar todo el gasto de un activo en el primer año, si quiere. Su base imponible se reduciría muchísimo y retrasaría el pago del Impuesto sobre Sociedades, pero el resultado contable no variaría.
Cabe recordar que en los primeros años de las concesiones se acumula el grueso del gasto, y en los últimos años se concentran los mayores beneficios. Por eso es tan importante poder amortizar cuanta financiación se quiera, para obtener créditos fiscales que aplacen el pago de impuestos.
Con la nueva norma contable, todo el juego fiscal al que podían recurrir legítimamente las concesionarias en el PEI se esfuma. En la mayoría de los casos, las concesionarias son parte de un grupo fiscal. Y, dentro de él, suelen ser de las empresas que tienen más capacidad de amortización de activos. Por tanto, la nueva normativa contable también perjudica a los grandes grupos de construcción de España, como Sacyr, ACS, Acciona, OHL, Ferrovial o FCC. Al final, “conscientemente o no, se discrimina fiscalmente a las concesionarias”, asegura Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.
