El Banco de España tiene claro por dónde debe seguir la banca española a corto y medio plazo, una vez acometido el proceso de transformación como consecuencia de la crisis económica. De entre los numerosos retos a los que debe hacer frente la industria en el corto plazo quisiera destacar tres: los ocasionados por los intensos cambios en el marco regulatorio y supervisor; los derivados de la reducción de la rentabilidad del negocio; y, finalmente, los desafíos asociados a la restauración de la confianza de los clientes bancarios tras los daños reputacionales evidenciados durante la crisis.
Por lo que a la regulación se refiere, las entidades españolas han logrado adaptarse a las nuevas exigencias de capital, pero algunos requisitos pudieran hacerse algo más exigentes, como consecuencia del trabajo de armonización de las distintas aplicaciones nacionales de la normativa europea que está acometiendo el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y que podría afectar, entre otros elementos, a los calendarios de aplicación del acuerdo de Basilea.
Estos requisitos, que están siendo analizados a nivel global por el Consejo de Estabilidad Financiera y, a nivel europeo, por la Autoridad Bancaria Europea, tienen como objetivo posibilitar la gestión de situaciones de inviabilidad de las entidades de crédito minimizando la necesidad de apoyo público. Normativa provocará previsiblemente cambios apreciables en la composición de los pasivos de las entidades bancarias que deberán contar, además de con un volumen mínimo de instrumentos computables como capital regulatorio, con otros instrumentos susceptibles de convertirse en capital en supuestos de inviabilidad.
En cuanto al segundo desafío, la rentabilidad, las cuentas de resultados de la mayor parte de las entidades europeas muestran en los últimos años una considerable atonía, como consecuencia, en gran medida, de factores cíclicos como la persistente debilidad de las condiciones macroeconómicas, a pesar de la mejoría reciente, el escaso dinamismo de la demanda de crédito en un contexto de desapalancamiento de empresas y familias, y los reducidos tipos de interés que ejercen una presión significativa sobre los márgenes financieros.
Con todo, parecen concurrir también factores de naturaleza estructural que podrían reducir con carácter permanente la rentabilidad del capital de las entidades en relación , las entidades españolas se encuentran entre las que siguen esquemas más rigurosos -por la menor utilización de modelos internos y el mayor conservadurismo de estos- para la medición de los activos ponderados por riesgo utilizada en el cálculo de los coeficientes de solvencia.
En particular, el endurecimiento de la regulación prudencial tenderá en buena lógica a moderar los beneficios de los bancos, como mínimo como consecuencia del mayor coste regulatorio que impone sobre las posiciones de activo de elevado riesgo que son, habitualmente, las que generan también mayor rentabilidad esperada.
Esta situación puede llegar a suponer cambios pronunciados en el negocio bancario. Dado el limitado margen disponible para la reducción de la retribución del pasivo, los bajos tipos de interés tienden a lastrar el margen financiero. De este modo, cada vez resultará más complicado mantener el subsidio cruzado con el que a menudo se cubren los costes de la prestación de servicios a los clientes a partir del margen obtenido entre el rendimiento del activo y la retribución del pasivo. De hecho, parece razonable esperar que la política de comisiones cero vaya perdiendo implantación y que la competencia para la captación de pasivo tradicional se traslade en parte al negocio de prestación de servicios transaccionales.
Los bancos españoles deben, pues, ajustar las estrategias de negocio al nuevo entorno y, en particular, acometer acciones para seguir mejorando su eficiencia operativa. Si bien es cierto que esta, en general, ya es elevada en comparación con los competidores europeos, pues en media los bancos españoles presentan unos indicadores de costes inferiores a los de sus homólogos en la zona euro, la dispersión entre entidades es alta, por lo que existe margen de mejora.
Un tercer reto, el de la mejora de la reputación, de cara a sanear completamente el activo más relevante con el que cuenta una entidad bancaria y el más determinante para asegurar su viabilidad, a pesar de no figurar en los balances.
En España, el daño reputacional sufrido por el sector está en parte asociado a la detección de posibles prácticas irregulares seguidas por los antiguos gestores de las entidades que posteriormente debieron recibir apoyo público cuantioso y que, actualmente, están siendo investigadas por la justicia.
En este punto, con independencia de los cambios normativos adoptados o que puedan adoptarse en el futuro sobre esta materia, creo que las entidades tienen capacidad para impulsar mejoras en el corto plazo. De momento, se ha constatado una mayor disposición por parte de las entidades a acatar los dictámenes no vinculantes emitidos por el sistema de reclamaciones del Banco de España.
Sería oportuno que, además de mantener esta línea, se estudiara la posibilidad de desarrollar, como se hace en otros países de nuestro entorno, esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas, posiblemente contando con la participación del propio sector, que corrijan los defectos del esquema actual.
