Madrid. Cada vez es menor el crédito vivo que el sector financiero español tiene en actividades con finalidad inmobiliaria, pero la morosidad de los préstamos que quedan por pagar no para de aumentar. Cuando en junio de 2011, fecha que el Gobierno tomó como referencia para elaborar el Real Decreto Ley 2/2012, los activos problemáticos del sector inmobiliario acumulados en los balances de bancos y cajas de ahorro sumaban 176.000 millones de euros, lo que entonces suponía un 52% de la exposición total del sector. Pues bien, seis meses después, al cierre del ejercicio 2011, la suma de activos dudosos, subestándar y adjudicados, los que de verdad se deben aplicar para cumplir con ese RDL se elevan a 184.000 millones de euros, que representan ya el 60% del total de la cartera inmobiliaria, que alcanza los 308.000 millones.
¿Qué es lo que se ha cubierto y qué es lo que queda por cubrir? Según los datos recogidos por el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera, las entidades han comunicado que las necesidades de provisiones adicionales son de 29.077 millones de euros, que se unen a los 9.192 millones de euros ya efectuados anticipadamente al cierre de 2011. A ello hay que añadir unas exigencias adicionales de capital principal de 15.573 millones de euros.
De este modo, el importe global exigido a las entidades como provisiones y capital principal asciende a 53.842 millones de euros, que se añaden a los esfuerzos de mayores saneamientos realizados por las entidades desde 2008, y que han supuesto unos saneamientos de 112.000 millones de euros.
Del total de entidades o grupos de entidades de crédito, 90 han comunicado al Banco de España que tienen ya cubiertas las nuevas exigencias a 31 de marzo, y las 45 restantes han informado sobre sus planes, de los que resulta que el cumplimiento se alcanzará, básicamente, mediante la utilización de provisiones genéricas por unos 4.000 millones, la generación interna de resultados en el ejercicio y las aportaciones de capital estimadas en unos 12.500 millones, teniendo en cuenta, además, que muchas entidades cuentan con amplia holgura de capital principal.
Dos entidades han comunicado su intención de participar en procesos de integración con otras dos entidades, para cumplir con las nuevas exigencias. En el caso de las tres entidades controladas por el FROB (Banco de Valencia, Catalunya Banc y NCG Banco), su saneamiento se realizará mediante la entrada de nuevos accionistas a través de un proceso de venta según dispone el RDL 9/2009, de 26 de junio.
Como establece el RDL 2/2012, las entidades deberán cubrir las nuevas exigencias a lo largo del presente ejercicio, salvo en aquellos casos en los que, durante este año, se lleven a cabo procesos de fusión. Así, cuando se planean fusiones entre entidades, se establece un plazo hasta el 31 de mayo de 2012 para remitir el plan, que precisa de la aprobación del Ministerio de Economía.
Una vez aprobado el plan, para lo que el Ministerio dispone de un mes, se concede un período de 12 meses para dar cumplimiento a los requerimientos del RDL 2/2012 y se fija que la integración deberá concluirse no más tarde del 1 de enero de 2013.
El RDL 2/2012 establece determinadas condiciones para las fusiones (tamaño mínimo de la entidad resultante, mejoras en gobierno corporativo, objetivos de financiación a hogares y pymes, objetivos de reducción de la exposición a construcción y promoción inmobiliaria, etc.) y habilita al FROB para, en caso necesario, aportar títulos convertibles en acciones en un plazo máximo de cinco años.
En los planes comunicados al Banco de España, también se ha informado de otros cinco procesos de adquisición o fusión, en los que participan 11 entidades en distintas fases de tramitación, y de 12 cooperativas de crédito que también podrían participar en operaciones de integración, lo que no implica que se acojan al régimen especial de fusiones del RDL 2/2012 antes descrito.
