Madrid. Desde hace semanas, no pasa prácticamente un día sin que alguna institución o analista de prestigio, dentro y fuera de España, ponga de manifiesto la necesidad de que el sistema financiero español haga público el alcance real de sus activos inmobiliarios, con tasaciones actualizadas y nivel de toxicidad de los créditos hipotecarios comprometidos.
Hoy se levantaba el mercado con un informe de la agencia Moody’s que estima en cerca de 90.000 millones de euros los que van a tener todavía que provisionar las entidades financieras españolas, debido a dotaciones y reservas para cubrir el deterioro de sus activos inmobiliarios. Según Alberto Postigo, autor del informe, los bancos tendrán que afrontar un déficit de capital de alrededor de 17.000 millones de euros porque “no es previsible que los ingresos logren compensar sus necesidades de capital, lo que obligará a muchas entidades a solicitar capital a través de fuentes externas”.
También se ha referido a este asunto, en declaraciones a la Cadena Cope, el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González-Páramo, para señalar que el crecimiento de la economía española será “relativamente más modesto” que el del conjunto del área euro, porque España tiene todavía que absorber “el inmenso shock” sufrido por su sector de la construcción. No obstante, destacó que las medidas puestas en marcha por el Gobierno aumentarán el potencial de crecimiento económico y someterán a las finanzas públicas a un mayor control.
Medidas en la buena dirección que, según el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deberán apuntalarse con una mayor transparencia de las entidades financieras para frenar la tensión sobre la deuda soberana española. Transparencia que debe hacerse efectiva con la publicación trimestral de la exposición al sector inmobiliario y de la construcción, con porcentajes de crédito de dudoso cobro y garantías para cubrir las posibles pérdidas.
“Hay que hacer todo esto porque cuando la percepción de la realidad es mucho peor que la realidad misma, la mejor reacción posible es explicarla con todo detalle”, ha dicho Fernández Ordóñez. Además, apuntó, el valor de los activos “no puede haber variado significativamente en tres meses” desde que se realizaron los tests de julio.
