Pretendía el Gobierno que se paralizasen los procedimientos que hay en marcha contra los recortes a las energías renovables, al menos hasta que la Comisión Europea resolvería el examen preliminar de ayudas al Estado abierto el pasado mes de febrero, pero el Tribunal Supremo ha dicho que nones.
La Sala III del Alto Tribunal ha rechazado la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías renovables regulado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden IET/1045/2014, de 6 de junio. El abogado del Estado pedía la paralización de estos procedimientos hasta que la Comisión Europea resolviera el examen preliminar de ayudas de Estado que abrió sobre este tema el pasado 13 de febrero.
El Supremo contesta que «el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de examen preliminar, a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas, no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio».
El Alto Tribunal ha resuelto en los últimos días en el mismo sentido la misma petición del abogado del Estado planteada en otros de los recursos contra el mismo Real Decreto y Orden IET de junio de 2014.
Contra dicha regulación hay planteados más de 300 recursos por empresas de energías renovables en el Supremo. En los casos resueltos, las partes recurrentes se opusieron a la petición de suspensión planteada por el abogado del Estado.
Curiosamente, al frente de muchos de estos recursos figuran abogados del Estado en excedencia que, como conocedores de la legislación española, han sido contratados por algunos de los fondos de inversión que se han visto perjudicados por los recortes de las ayudas a las renovables y han planteado los arbitrajes contra España por este asunto.
Lo están haciendo Lo hacen al amparo de la Carta de la Energía, un tratado de 1991 para garantizar las inversiones internacionales en el sector. España es el país con más recursos en contra por vulnerar el tratado. El despacho que más casos lleva es Allen & Overy.
Para la que se avecina, y ante la falta de experiencia en esta lides, la Abogacía del Estado se ha visto obligada a formar a su gente en Canadá, el único país que hasta entonces se defendía en arbitrajes internacionales, y lo ha hecho creando un equipo con inspectores de Hacienda y Técnicos de la Administración.
