El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Hacienda y Administraciones Públicas; e Industria, Energía y Turismo un Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
La Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, del 27 de diciembre de 2012, creó un nuevo canon por la utilización de los bienes de dominio público hidráulico para la producción de energía hidroeléctrica, denominado comúnmente canon hidroeléctrico, que incorporó como artículo 112 bis en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Según expone la Ley, el objeto es establecer una tasa destinada a la protección y mejora del dominio público hidráulico a través de las Confederaciones Hidrográficas. Además, la Ley habilita al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley, y en particular, se autoriza para modificar la forma de pago establecida en el artículo referido al canon por utilización de las aguas continentales
La situación actual es que la empresas hidroeléctricas deberán pagar un nuevo canon por la utilización de los bienes de dominio público para la producción de energía hidroeléctrica introducido por la mencionada Ley de 2012, aunque está pendiente de la aprobación de una norma reglamentaria que desarrolle todos los aspectos diseñados legalmente.
Los objetivos del Real Decreto son proyectar el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas en el ordenamiento jurídico español en aquellos que obtienen un beneficio por la utilización privativa del dominio público hidráulico, de manera que tales beneficiarios deben contribuir a la protección y mejora de ese dominio público hidráulico del que se sirven para su actividad económica.
También se busca corregir el déficit tarifario del sector eléctrico, destinando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año una partida equivalente al importe anual recaudado en concepto de este canon.
