El debate del proyecto de ley que se modifica la ley 34/1998 del sector de hidrocarburos dará paso, si el Partido Popular hace valer su mayoría en el Congreso de los Diputados, a compensaciones para los municipios y comunidades autónomas que acojan en su territorio prospecciones en busca de gas a través de la técnica fracking.
Estos beneficios se justifican para armonizar el riesgo y la rentabilidad con el interés general de las actividades de investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos. Para ese fin, en los Presupuestos Generales del Estado se reservará una partida destinada a incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
Esta reforma legislativa abre la puerta al fracking y lo que hace es que da dinero e incentivos para paliar posibles perjuicios que ocasione cualquier tipo de instalación. A corto plazo puede ser que haya una parte de la población y sobre todo de las instituciones que esté de acuerdo, pero, a largo plazo, están por ver las consecuencias de estas prácticas extractivas.
Shale Gas, la patronal que aglutina a la mayoría de empresas interesadas en la fracturación hidráulica, ya ha elaborado una estimación del dinero que deberá pagar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Según sus cálculos, cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros.
A esto hay que añadir que el Proyecto de Ley establece que el 1% de la producción se repartirá entre todos los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos de los que se extraigan hidrocarburos. Además, la patronal recuerda que los ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Otro de los aspectos que regula este Proyecto de Ley es el de un futuro mercado interior del gas. Actualmente existe una red de distribución del gas, pero no como tal un mercado, como en el caso de la electricidad. Este mercado con diferentes comercializadores favorecería la competencia y por tanto supondría una bajada de precios, aunque la reforma no contempla un control público para regular situaciones como los bonos sociales o los cortes de suministro.
