Los pagos correspondientes a la Moratoria Nuclear son una de las partes más oscuras de este déficit de tarifa. Cuando se cumplen más de 30 años del establecimiento de la Moratoria Nuclear, que supuso un freno para los planes de expansión nuclear en España, los consumidores seguimos pagando por ese concepto, subvencionado así a las centrales nucleares.
En 1984 se declararon en moratoria las centrales nucleares de Lemóniz I y II (Guipúzcoa), de Valdecaballeros I y II (Cáceres) y de Trillo II (Guadalajara). Se suspendió la construcción de estas centrales y se asignó una compensación a sus propietarios consistente en un porcentaje que varía entre el 3,4 y 3,9 % del recibo de la electricidad, procedente ésta de todas las centrales, aunque no fueran nucleares.
Así se mantuvieron los pagos hasta que en 1994 se fija el fin de la moratoria y se dan por clausuradas las centrales, asignándose un pago anual para amortizar definitivamente estos activos. Este último concepto se titulizó para que las propietarias de las centrales no sufrieran demora en los pagos. El monto de la deuda titulizada ha ido aumentando en función de los gastos de los operadores de las centrales para su mantenimiento y desmantelamiento.
En 2014 la compensación a esas tres centrales fue de casi 67 millones de euros, y quedarían por pagar más de 184 millones, más de la mitad a Lemóniz I y II. De esta forma, se ha pagado a la industria nuclear unos fondos que duplican el valor de los activos que se declararon en moratoria, suponiendo una subvención directa a la energía nuclear y una verdadera estafa para los usuarios de la electricidad.
La Moratoria Nuclear se debó a que, en pleno proceso de transición a la democracia el sector público, hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España.
La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1983. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, han venido recayendo sobre los consumidores durante largos años. Y sigue haciéndolo.
