Estaba previsto que el próximo viernes la reforma del sistema eléctrico llegara al Consejo de Ministros, pero las presiones de todo tipo, dentro y fuera de España, están llevando al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a andarse con pies de plomo en este asunto, sobre todo en lo que el avanzado recorte a las primas renovables se refiere, han motivado que el asunto se retrase para semanas sucesivas.
El tema ya ha trascendido incluso al ámbito diplomático, y la preocupación de Estados Unidos al respecto, por las inversiones multimillonarias realizadas por fondos y empresas de este país –sobre todo, en el campo de la energía termosolar–, ha llegado a oídos del Gobierno.
“No estamos dispuestos a permitir que no se respeten los contratos firmados en base a la normativa vigente”, con esta crudeza se pronunciaba el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales, José W. Fernández, hace unos días nada más llegar de Washington y testar el estado en que se encuentra el asunto, ante las filtraciones realizadas acerca del nuevo recorte a las primas que se baraja.
Oficialmente, la nota emitida por la Embajada de Estados Unidos en Madrid no era tan contundente, aunque sí dejaba entrever la preocupación existente, al expresar su apoyo a las medidas que España está tomando para hacer frente a su déficit fiscal y generar crecimiento, por un parte, para, con posterioridad, compartir las preocupaciones sobre el clima de inversión relacionados con la reforma de las energías renovables y la protección de la propiedad intelectual.
No ha sido la única llamada de atención. En su campaña para evitar mayores rebajas, las asociaciones de productores de energías renovables han conseguido que el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, se comprometa a mantener una línea de diálogo y colaboración con los diferentes agentes implicados del sector renovable español para analizar en detalle las infracciones del derecho europeo en las que haya podido incurrir el Gobierno español a la hora de regular en materia de renovables.
Además, el comisario europeo comunicó a la delegación eólica su preocupación por las medidas retroactivas establecidas y destacó que el Gobierno español tiene que preservar principios fundamentales como la no retroactividad, la seguridad regulatoria y de inversiones, a la vez que mantener un diálogo permanente con los diferentes agentes implicados del sector.
La idea de los empresarios eólicos es que la Comisión Europea tenga toda la información relevante en torno a esta cuestión para valorar la posibilidad de actuar al respecto, ya que, a su juicio, la situación puede dar lugar a un “efecto dominó” si se permite que en el segundo país más importante de la UE, en términos de desarrollo de energía eólica, continúa destruyendo el valor de las inversiones realizadas, otros países puede que se sientan tentados a seguir estas mismas prácticas.
