Madrid. La reforma del sector eléctrico, uno de las grandes reformas que desde Bruselas están pidiendo al Gobierno español, está a punto de ver la luz. Y con ella, el ya descontado nuevo recorte de las primas que reciben los empresarios de energía renovables.
Para la mayoría de estos 50.000 empresarios, que se endeudaron hace un lustro hasta las cejas ante la garantía del Estado de que recibirían subsidios por la producción de estas energías, un nuevo recorte, el quinto, provocaría –por poco que fuera (estará entre un 10% y un 20% adicional)– la imposibilidad de devolver a los bancos los más de 20.000 millones que adeudan.
Habría que ver, entonces, qué pasa con esos activos en manos de los bancos acreedores. Parques de molinillos y paneles solares que, sin la seguridad y el mantenimiento adecuados, perderían su valor, salvo que acaben en otro banco malo, como el del ladrillo, o en la misma Sareb.
Las ayudas a la producción de renovables son objeto de gran controversia entre sus acérrimos partidarios –los propios productores afectados y los grupos ecologistas – y aquellos otros, parte interesada, que, aprovechando el desbocado déficit de tarifa, presionan para acabar con la, según ellos, intrusión de estos pequeños empresarios.
El Gobierno lo tiene claro. Lo viene diciendo cada vez que tiene ocasión el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, desde que llegara al cargo hace casi seis meses. Mientras exista déficit de tarifa no se va a respetar la seguridad jurídica de las renovables. Y son precisamente los cerca de 30.000 millones de euros (generados a un ritmo de 6.000 millones anuales) a los que llega ya ese déficit.
El problema es que esa deuda generada por el desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico no se ve de manera homogénea. Existen diferencias de criterio. Ese déficit no se establece por la simple diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por ella, sino la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa. Parece lo mismo, pero no lo es.
Con la actual configuración, el precio que paga el consumidor en la factura de la luz no guarda relación con el coste real de producción de la energía. Un precio fijado en subastas por el mercado mayorista en el que los que compran y los que venden son los mismos, las grandes empresas del sector eléctrico. Además, a este precio se le añaden conceptos asociados al servicio de suministro y las primas recibidas por las energías renovables.
