Madrid. Los más de 9.000 millones de euros que este año tiene que pagar el Gobierno por las ayudas del régimen especial, las conocidas ‘primas’ de las renovables, están haciendo que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ande dándole vueltas al asunto para ver cómo parar el crecimiento de este ‘agujero’.
Entre las medidas que se están barajando desde el Ministerio de Industria, capitaneado por José Manuel Soria, se encuentra la de transferir activos tóxicos al ‘banco malo’, la Sareb, ampliando de esta manera el objetivo inicial de esta sociedad.
Si sale adelante esta propuesta, y desde Bruselas no ponen reparos ni tampoco los accionistas privados del ‘banco malo’, la sociedad presidida por Belén Romana vería incrementados sus activos, no con más ladrillos, sino con esos enormes ‘molinillos’ que jalonan el horizonte vayas por donde vayas.
Se trataría pues de otro balón de oxigeno que el Gobierno trata de dar a los bancos, que se ven con cientos de huertos solares a los que no se les puede aplicar la ley hipotecaria, como ocurre con los activos inmobiliarios. Ya saben, me quedo con tu casa y me sigues debiendo el préstamo.
Complejos que, con los sucesivos recortes a la retribución acometidos por parte del propio Gobierno no están siendo lo rentables que pensaban los más de 50.000 propietarios individuales que se embarcaron en los proyectos con una financiación superior al 75% del coste total del proyecto. La situación ha llegado a tal punto que muchos de estos pequeños empresarios temen incluso que los bancos, ante los impagos de los vencimientos crediticios, ejecuten hasta los avales con los que pudieron recibir los créditos.
El previsible traspaso de ‘molinillos’ a la Sareb podría complementarse con una nueva rebaja de las primas, que permitiría al Gobierno cubrirse y cumplir en términos de seguridad jurídica, pero que, por contra, abocaría a cientros de empresarios que todavía aguantan a tener que renunciar.
El último decreto ley, el del pasado mes de febrero, que restringía la retribución del régimen especial mediante medidas como la no actualización del IPC en las primas, fue la gota que colmaba el vaso. Menos ingresos que, sumado al gasto del impuesto del 7% para la generación de electricidad, dejaba malherido a un sector cuyo déficit de tarifa supera ya los 27.000 millones de euros.
Tras la llegada de Soria a Industria, el Ministerio ha tratado de resolver ese problema del déficit de tarifa, la diferencia entre el coste de la electricidad y la parte de ese coste que las empresas pueden recaudar de los consumidores. Problema causado, según el Ejecutivo, por las primas, razón por la que ha procedido a recortarlas, tanto a través de una moratoria a las nuevas instalaciones como por medio de rebajas a las primas existentes.
