Murcia. El Gobierno murciano ha logrado el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a la iniciativa del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley que castiga la energía fotovoltaica de forma retroactiva, pone en peligro las inversiones de miles de ciudadanos en este ámbito de producción energética, acarrea la pérdida de centenares de puestos de trabajo y genera el cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas en este incipiente sector productivo.
La adhesión de la Generalitat Valenciana tras la reunión que mantuvo el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, y los representantes de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) forma parte del trabajo que está haciendo el Ejecutivo regional para sumar al resto de comunidades autónomas en el recurso contra la tercera modificación sobre la normativa relativa a producción que se aplica a este sector desde 2008.
El Real Decreto Ley 14/2010 que realizó el Gobierno español el pasado mes de diciembre incide de forma especial en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal. Entre los cambios más destacados se encuentran la limitación de las horas de producción o la imposición de un peaje para cualquier productor.
Tras la reunión con Camps, Marín resaltó que “el presidente Valcárcel impulsa este recurso de inconstitucionalidad porque no sólo supone un grave prejuicio en pérdidas de puestos de trabajo y destrucción de pymes, sino porque la improvisación del Gobierno ZP crea incertidumbre y desconfianza internacional para atraer inversiones y proyectos industriales”.
Un ejemplo de esta incertidumbre es que según la normativa comunitaria específica los gobiernos deben asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a los inversores unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos como los que plantea el Decreto Ley 14/2010.
Marín, acompañado de los representantes de Anper, a los que el pasado martes Valcárcel anunció la presentación del recurso, expuso a Camps las líneas de la iniciativa, así como la necesidad de actuar de forma conjunta para evitar la destrucción de empleos que generará este “nuevo cambio de las reglas de juego”.
Asimismo solicitó al presidente de la Generalitat Valenciana que se una a la reclamación de Valcárcel al Gobierno español para que de una forma clara, precisa y consensuada, desarrolle un mix energético nacional con una regulación estable y continuada que sea beneficiosa para el conjunto de la sociedad y de la industria.
