Madrid. Miles de agricultores –hasta 50.000 según el cálculo hecho por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)– podrían quedar al borde la quiebra tras la disminución del 30% de lo que venían percibiendo en concepto de prima fotovoltaica.
Se endeudaron para financiar la inversión en huertos solares donde instalar estas instalaciones, con la vista puesta en obtener unos ingresos extras de cara a completar los exiguos poco más de 500 euros de la pensión agraria, y ahora se encuentran que, al limitarse las horas con derecho a prima, no van a poder hacer frente a los créditos. Es la cruda realidad expuesta en un comunicado por COAG.
“No tendrán suficiente liquidez para afrontar los préstamos”, avisa la coordinadora, cuyos responsables prevén también que, como consecuencia de esta reducción, se produzca una pérdida de empleo al verse obligados los agricultores a reducir los gastos de mantenimiento de las instalaciones. Serán unos 20.000 los puestos de trabajo que pueden perderse por esta circunstancia.
La eliminación de las primas fotovoltaicas está teniendo una repercusión en varios ámbitos. Como hoy han sido los agricultores, ayer lo fue la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) que considera la eliminación de las primas que perciben todas las plantas fotovoltaicas como “una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado”.
Los empresarios fotovoltaicos estiman que la supresión de las tarifas reguladas se ve agravada por otras medidas que modifican sustancialmente el régimen económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes.