La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) denuncia la invasión competencial del Gobierno central en la gestión de la vivienda de uso turístico, un ámbito reservado a las comunidades autónomas. Según la patronal, el Ejecutivo pretende transformar el Registro de la Propiedad en un censo obligatorio, excediendo sus funciones y generando inseguridad jurídica.
La organización subraya que el Estado no puede revocar títulos habilitantes autonómicos ni imponer obligaciones al margen de las comunidades. Además, alerta de la confusión que se traslada a la opinión pública entre irregularidad administrativa e ilegalidad, criminalizando a familias y pymes que operan dentro de la normativa autonómica. El propio Ministerio de Vivienda reconoce en su información sobre alojamiento de uso turístico que la competencia principal corresponde a las autonomías.
FEVITUR también critica la narrativa gubernamental que asocia la retirada de anuncios en plataformas con la incorporación inmediata de viviendas al mercado residencial. Para la federación, este discurso roza la expropiación encubierta y convierte a los alojamientos turísticos en chivo expiatorio ante la falta de resultados en política de vivienda pública.
Datos relevantes
- FEVITUR denuncia invasión competencial del Gobierno en materia turística.
- El Ejecutivo plantea convertir el Registro de la Propiedad en un censo obligatorio.
- La federación recuerda que los títulos habilitantes son competencia autonómica.
- Se denuncia la criminalización de familias y pymes sin resolución firme.
- FEVITUR alerta de un intento de expropiación encubierta sin indemnización.
¿Qué consecuencias puede tener para los propietarios la imposición de un registro estatal obligatorio?
Los propietarios pueden enfrentarse a duplicidades administrativas, costes adicionales y una inseguridad jurídica que afecte al funcionamiento de su actividad. Además, esta medida desincentivaría la inversión en el sector turístico, generando tensiones entre administraciones autonómicas y el Estado y debilitando la confianza empresarial.
¿Por qué FEVITUR considera que se criminaliza a las familias y pymes del sector turístico?
Porque equiparar irregularidades administrativas a ilegalidades transmite un mensaje negativo hacia los pequeños propietarios y empresas que cumplen la normativa autonómica. Según la federación, esta estrategia estigmatiza a un sector legalmente inscrito y convierte a la vivienda turística en culpable de problemas que derivan de la falta de vivienda pública.
El debate sobre la vivienda turística no debe ser un campo de batalla político, sino un espacio de cooperación institucional para garantizar seguridad jurídica y diversidad en la oferta de alojamiento.
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FEVITUR cuestiona el uso del Registro de la Propiedad en la gestión de la vivienda turística
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) advierte de la grave invasión competencial que supone la actuación del Gobierno central en el control de la actividad turística, en este caso con el registro de la ventanilla única, una materia que compete exclusivamente a las comunidades autónomas.
FEVITUR recuerda que el Estado no puede revocar títulos habilitantes autonómicos, ni transformar un censo voluntario como el Registro de la Propiedad en un registro obligatorio para viviendas turísticas. “El Gobierno está excediendo sus competencias y utilizando a los Registradores, cuyo marco de actuación es la Ley Hipotecaria y no la gestión de la actividad turística, en un intento de control fuera de lugar y de fundamento legal”, señala Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR.
La federación denuncia que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trasladando a la opinión pública una confusión entre irregularidad administrativa e ilegalidad, criminalizando a miles de familias y pymes sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley. “Una solicitud incompleta o una revocación administrativa no significa que exista una actividad ilegal”, recalca Blasco.
FEVITUR incide también en que dejar de anunciar una vivienda de uso turístico en determinadas plataformas online no implica necesariamente que el inmueble pase al alquiler residencial ni que sea excluido del mercado turístico. Muchas viviendas turísticas pueden seguir operando a través de otros canales o plataformas, siempre que cumplan la normativa autonómica. “El relato de que la salida de ciertas viviendas de las plataformas implica su conversión automática al alquiler residencial es manifiestamente falso”, puntualiza la federación.
Asimismo, FEVITUR advierte sobre la peligrosidad del mensaje institucional de “incorporar viviendas al mercado residencial” mediante procedimientos discutibles. Revocar licencias autonómicas para forzar un cambio de uso “roza la expropiación encubierta sin indemnización”, apunta la portavoz, quien considera que el discurso de la función social de la vivienda se emplea como justificación a la ausencia de resultados en política de vivienda pública.
La federación concluye que la campaña del Gobierno contribuye a la securitización política del debate y convierte a las viviendas turísticas en un chivo expiatorio ante la falta de avances significativos en el acceso a la vivienda asequible. Los alojamientos turísticos legalmente inscritos en los registros autonómicos continuarán operando, aunque puedan dejar de anunciarse en ciertas plataformas, y seguirán cumpliendo la normativa vigente.
