El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un informe que anticipa un nuevo Decreto para reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico en la región. Esta normativa, que se someterá próximamente a audiencia e información pública, pretende adaptarse a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y actualizar los requisitos aplicables a este tipo de inmuebles. Las medidas incluidas en la normativa buscan garantizar una mayor calidad en la oferta turística y proteger los derechos de los usuarios.
Entre los cambios propuestos, destaca que los titulares de los servicios de alojamiento, y no los propietarios, serán los responsables de presentar la declaración necesaria para iniciar la actividad. Asimismo, se introducen nuevas obligaciones para asegurar la calidad del producto turístico y evitar posibles abusos. La normativa también otorgará a los ayuntamientos mayor poder de decisión sobre el uso de estos inmuebles, en función de la compatibilidad de los mismos con su entorno urbano.
Requisitos actualizados y mayor control municipal
Una de las principales novedades de esta actualización normativa es la aclaración de los roles y responsabilidades entre propietarios y prestadores de servicios de alojamiento. Con el nuevo Decreto, serán los titulares de la actividad turística quienes deban presentar la declaración responsable para iniciar la prestación de servicios de alquiler vacacional. Este cambio responde a la necesidad de simplificar el proceso y garantizar que los responsables del uso comercial de las viviendas se ajusten a la normativa vigente.
Además, el nuevo texto incluye medidas dirigidas a mejorar la calidad de los apartamentos y viviendas de uso turístico, en consonancia con los estándares del sector y en defensa de los derechos de los usuarios. La normativa también hace especial hincapié en la función de los ayuntamientos, a los que se les otorgará la capacidad de establecer requisitos adicionales sobre el uso compatible o complementario de estas viviendas. De esta forma, se permitirá a las autoridades locales adaptar la normativa a las particularidades de cada zona, mejorando la convivencia entre los residentes y los turistas.
Asimismo, el nuevo Decreto establece una prohibición explícita para el uso turístico de viviendas protegidas, así como de aquellas en cuyos estatutos de comunidad de propietarios se contemple dicha limitación. Estas restricciones están destinadas a proteger los derechos de los vecinos y asegurar que las viviendas sociales se mantengan dentro de su función original.
Endurecimiento de sanciones y mayor supervisión
Otro de los aspectos clave del nuevo plan de control de las viviendas de uso turístico es el refuerzo de las medidas sancionadoras. La Comunidad de Madrid ha decidido revisar las cuantías de las sanciones, especialmente para aquellos propietarios que reincidan en el incumplimiento de la normativa. Las sanciones serán más severas con el fin de disuadir posibles infracciones y asegurar que la actividad se realice dentro de los márgenes legales establecidos.
En cuanto a la supervisión de esta actividad, se ampliará el número de efectivos encargados de controlar el funcionamiento de las viviendas turísticas. A los 16 inspectores actuales se sumarán 17 más, de los cuales cuatro estarán dedicados específicamente a la aplicación del nuevo reglamento de la Unión Europea sobre el alquiler de corta duración. Este aumento de personal responde a la creciente demanda de alquileres vacacionales y a la necesidad de una regulación más efectiva para equilibrar la oferta turística y la vida cotidiana de los residentes.
La Comunidad de Madrid también fortalecerá la colaboración e intercambio de información con los municipios para mejorar el control de las viviendas de uso turístico. Este refuerzo del trabajo conjunto entre la administración autonómica y los ayuntamientos permitirá una mayor coordinación en la implementación de las nuevas medidas, garantizando que se respeten los derechos de los residentes y los turistas.
Con estas acciones, la Comunidad de Madrid avanza en la consolidación de un modelo de gestión turística más riguroso y controlado, que permita una competencia justa y el respeto a las normas. La regulación del alquiler turístico es fundamental para asegurar que esta actividad se desarrolle en condiciones de igualdad, protegiendo tanto a los operadores turísticos como a los vecinos de las zonas más afectadas por el turismo de corta estancia.
