Las autoridades de consumo de la Comisión Europea y la UE han pedido a Airbnb que se alinee con las normas de consumo comunitarias y sea transparente en su presentación de los precios.
Desde la Comisión se reclaman cambios para garantizar que ofrecen información clara y transparente sobre precios y condiciones contractuales a sus potenciales clientes. La multinacional estadounidense tiene hasta finales de agosto para rectificar. Si no lo hace, Airbnb podría enfrentarse a sanciones por parte las autoridades nacionales de protección de consumidores.
«Cada vez hay más consumidores que reservan su alojamiento de vacaciones a través de internet y este sector les ha traído más oportunidades. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las reglas de la UE sobre consumidores. Los consumidores deben entender con facilidad cuanto y por qué van a pagar servicios y disponer de reglas justas sobre la política de cancelación por parte del propietario», ha avisado la comisaria de justicia y protección del consumidor, Vera Jourová.
Concretamente, según el Ejecutivo comunitario, hay tres normativas que la empresa con sede en San Francisco (California) incumple: la directiva sobre prácticas comerciales desleales, la directiva sobre términos contractuales desleales y el reglamento sobre la jurisdicción en materia civil y comercial. Según Bruselas, ni la presentación de los precios ni la distinción entre anfitriones privados y profesionales cumple los requisitos recogidos en la legislación europea.
Por ello, la Commisión ha urgido a Airbnb a tomar medidas para modificar la forma en la que presenta información sobre precios en la búsqueda inicial en su sitio web, para garantizar que cuando se ofrecen propiedades se proporciona el precio total, incluidos los cargos y tarifas obligatorios aplicables como el servicio de limpieza o la tasa local aplicada en algunos destinos.
Si no es posible calcular de antemano el precio final, deberá informar claramente al consumidor de que puede haber cargos adicionales. Además, la plataforma también tendrá que identificar con claridad si la oferta está hecha por un anfitrión privado o un profesional porque las reglas de protección al consumidor difieren en ambos casos.
Además, la plataforma americana también tendrá que introducir aclaraciones en relación a la normativa sobre términos contractuales. Esta norma exige que los términos y condiciones estándar no creen un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor, y que los términos estén redactados con un lenguaje sencillo e inteligible para que los consumidores comprendan claramente sus derechos.
Normas comprensibles
En este sentido, Bruselas exige a la empresa que modifique los términos en varios aspectos. Por ejemplo, Airbnb no deberá inducir a error a los consumidores acudiendo, en caso de discrepancias, a un tribunal de un país distinto al de residencia. Tampoco podrá decidir de forma unilateral y sin justificación alguna qué términos pueden permanecer vigentes en caso de rescisión del contrato, no podrá privar a los consumidores de sus derechos legales básicos para demandar a un anfitrión en caso de daños personales o de otro tipo, ni tampoco cambiar unilateralmente los términos y condiciones sin informar claramente a los consumidores con anticipación y sin darles la posibilidad de cancelar el contrato.
Y es que, según advierte Bruselas, «los términos de los servicios no pueden conferir un poder ilimitado y discrecional» a la plataforma en cuanto a la eliminación de contenidos. «La terminación o suspensión de un contrato por parte de Airbnb debe ser explicada a los consumidores, regida por reglas claras y no debe privar al consumidor del derecho a una compensación adecuada o el derecho a apelar», recuerda la Comisión que también exige una política «claramente definida» sobre reembolsos, compensación y cobro de reclamaciones por daños que no prive a los consumidores de su derecho a acudir a los tribunales.
Por último, la plataforma deberá garantizar la inclusión de un enlace de fácil acceso a la plataforma de resolución de disputas en línea en su sitio web con la información necesaria.
La empresa tiene hasta finales de agosto para solventar las dudas de la Comisión Europea, que se ha mostrado dispuesta a reunirse con representantes de la empresa en septiembre. Pero si sus soluciones no son satisfactorias, las autoridades de protección del consumidor podrían empezar a abrir procedimientos de infracción que podrían terminar en sanciones.
