La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha asistido a la inauguración del V Curso del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) 2.0, un marco en el que ha apostado por la regularización de las viviendas de uso turístico para facilitar «la convivencia y un punto de equilibrio».
«Tenemos que tener muy claro cuál es el concepto y cuáles son las normativas de aplicación», señalaba, al tiempo que ha subrayado que «ante un fenómeno como éste, las administraciones tenemos que tomar medidas y ponernos a la vanguardia de esos retos».
La regidora, que ha agradecido al CAF que haya elegido Marbella para la celebración del encuentro, ha abogado porque la Junta de Andalucía «aclare los conceptos que no están regulados y que actualmente generan incertidumbre» y ha animado al colectivo de administradores de fincas a trasladar «propuestas que aseguren esa fiabilidad, seguridad y transparencia para un mejor servicio dentro del ámbito turístico». «Todos somos conscientes de la importancia del turismo y de lo que aporta al Producto Interior Bruto (PIB)», ha señalado.
Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor García, explicaba que el curso ha servido para que, entre otras cuestiones, los colegiados debatieran acerca de dos problemas «fundamentales» con los que se están encontrado cada día a la hora de realizar su cometido, como son la ocupación ilegal de las viviendas y las viviendas de uso turístico, dos fenómenos en permanente crecimiento.
Sobre este último punto, Pastor indicaba que «nos estamos encontrando problemas cotidianos de convivencia», por lo que ha instado a «buscar una solución de acuerdo con las administraciones para su regulación». Así, recordaba que la normativa es de carácter autonómico, por lo que corresponde principalmente a la Junta de Andalucía su regulación.
El V Curso del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) ha reunido en Marbella, en las instalaciones del Andalucía Lab, a más de 150 profesionales del sector que debatirán, además de sobre las viviendas de uso turístico, sobre la ocupación ilegal de viviendas, sobre el autoconsumo energético en las comunidades de propietarios o sobre las comunicaciones telemáticas con las administraciones públicas.
