El Gobierno de Baleares ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley para modificar la ley de turismo con dos objetivos. Hacer efectivo el principio de intercambio de plazas para establecer un techo real de plazas turísticas, y regular adecuadamente la comercialización de estancias turísticas en viviendas, el llamado alquiler turístico.
En definitiva, atender la realidad social del alquiler turístico, y hacerlo avanzando hacia un modelo turístico sostenible.
La legislación turística actual establece el principio de intercambio de plazas: para dar de alta nuevas plazas turísticas se tienen que dar de baja otras previamente. Ahora bien, este principio no es de aplicación universal, dado que la ley establece numerosas excepciones: los hoteles de 5 estrellas, los hoteles de ciudad, los agroturismos, los hoteles rurales… están exentos de comprar plazas turísticas a las bolsas insulares de plazas turísticas (o de aportar de obsoletas que se den de baja).
Las viviendas de alquiler turístico también están exentas. Además de las excepciones legales, también hay una oferta ilegal que, obviamente, tampoco queda sujeta al principio de intercambio de plazas (es especialmente relevante el relativamente reciente incremento del número de viviendas que comercializan estancias turísticas al margen de la normativa).
Todo esto hace que, hoy por hoy, no exista un techo real de plazas turísticas en las Islas Baleares. Este hecho está directamente relacionado con el incremento progresivo del número de turistas que nos visitan, fenómeno que se viene observando los últimos años y que se prevé que se continúe produciéndose (según estudios sobre proyecciones del Índice de Presión Humana).
La masificación turística creciente aumenta la presión en el territorio y los recursos, y acaba provocando una reacción de rechazo en una parte creciente de la población residente, especialmente los meses de verano, y también una insatisfacción entre los visitantes.
Por otro lado, la ley de turismo actualmente en vigor no resuelve adecuadamente la regulación de la comercialización de estancias turísticas en viviendas: sólo está permitido el alquiler turístico a las viviendas unifamiliares, mientras que en los edificios plurifamiliares está prohibido.
Esto provoca el agravio comparativo de por qué las casas y chalés sí se pueden alquilar a turistas y los pisos y apartamentos no. Además, la realidad es que los últimos años está aumentando el fenómeno del alquiler turístico, especialmente en pisos, al margen de la normativa.
Hay una demanda creciente de este tipo de turismo, y la proliferación de esta oferta no reglada provoca una serie de problemas, básicamente de dos tipos. Los problemas de convivencia con los vecinos, con la mezcla los usos residencial y turístico al margen de la normativa urbanística, y además sin que las comunidades de vecinos tengan instrumentos adecuados para defenderse frente a estos problemas.
A partir de aquí, la nueva norma pretende salvaguardar los siguientes principios, con las siguientes propuestas concretas:
1) Se tiene que garantizar una gestión equilibrada del número de plazas turísticas, haciendo efectivo el principio de intercambio de plazas para establecer un techo real, como uno de los instrumentos para evitar un crecimiento ilimitado de la oferta que puede provocar masificación turística.
2) Cualquier ciudadano se tiene que poder beneficiar de la actividad turística, considerando ésta como un tipo de actividad económica y profesional, por lo cual la ley tiene que establecer principios, normas y criterios universales que todo el mundo tiene que cumplir, y no tiene que generar agravios comparativos.
3) La ley tiene que afrontar y regular adecuadamente las realidades existentes, de forma que se minimice la existencia de actividades económicas al margen de la normativa.
4) Se tiene que garantizar el acceso a la vivienda por parte de residentes y trabajadores.
5) Se tiene que garantizar la convivencia entre turistas y residentes, regulando los usos urbanísticos y dotando las comunidades de vecinos de los instrumentos adecuados para resolver los eventuales problemas de convivencia.
