La cruzada del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, contra la proliferación de los apartamentos turísticos ilegales en algunas de las zonas del centro de la ciudad, se mantiene por todo lo alto.
En ese tira y afloja, el consistorio barcelonés ha vuelto a sancionar a las plataformas Airbnb y Homeaway por haber seguido publicando en sus webs pisos sin número de licencia, una sanción considerada muy grave por la Ley de Turismo de Cataluña.
Los nuevos expedientes se enmarcan en la lucha contra las viviendas de uso turístico ilegales y en la presión que se ejerce desde el Ayuntamiento a las compañías que actúan como intermediarias a través de la red. Airbnb y Homeaway, junto con otras empresas, ya fueron sancionadas, porque la ley obliga a que los establecimientos turísticos anunciados tengan un número en el Registro de Turismo de Cataluña (RTC).
Estas dos plataformas, sin embargo, han continuado con la práctica a pesar de la sanción recibida, y tampoco han facilitado los datos de estos alojamientos. Así, a causa de la reincidencia, la infracción ha pasado de ser grave a muy grave, y la multa pasa de los 30.000 a los 600.000 euros.
El turismo es un activo positivo para la ciudad, pero estaba desequilibrado, e impacta directamente en el derecho a la vivienda, es la tesis que vienen reiterando los responsables municipales kresponsaha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha añadido que el Gobierno municipal tiene que priorizar los derechos fundamentales de las personas y velar a fin de que todo el mundo cumpla la ley, «empezando por los de más peso y los que tienen capacidad de hacerlo».
Paralelamente, continúa la tramitación de sanciones de 30.000 euros a un total de 9 plataformas que no atendieron los requerimientos de información del Ayuntamiento. Los intermediarios son Housetrip, 9flats, Wimdu, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, Tripadvisor, Niumba y Rent4days. Además, 7 portales han dejado de anunciar alojamientos sin licencia, y 21 pequeñas sociedades intermediarias también han cumplido los requerimientos.
Por otra parte, en el marco del plan de choque para combatir la oferta ilegal de pisos de uso turístico, desde el mes de julio hasta el 31 de octubre se han emitido 709 órdenes de cese y se han abierto 2.943 expedientes a raíz de la tarea inspectora municipal.
